La juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares considera que el ex interventor general de la Junta de Andalucía Manuel Gómez Martínez, "por dictar informes u omitir los mismos" en relación al sistema por el que se concedían las ayudas vinculadas a los ERE, habría permitido "en connivencia con otros el torcimiento de la Ley y del derecho y el menoscabo de los fondos de la Junta durante más de una década".

   Previamente a su declaración prestada en la jornada de este jueves, la juez Mercedes Alaya comunicó al ex interventor su imputación a cuenta de sendos presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, todo ello "por dictar informes u omitir los mismos, acción u omisión que quebrarían de manera esencial el ordenamiento jurídico", según recoge el acta de su declaración, de la que se ha dado traslado este viernes a las partes y a la que ha tenido acceso Europa Press. 

   La magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla considera que el imputado "expuso con reiteración" que por parte de la Consejería de Empleo "se estaban concediendo subvenciones sociolaborales excepcionales, prescindiendo de forma absoluta del procedimiento legalmente establecido, entre otros extremos de la fiscalización previa", lo cual "se hacía a través de un uso totalmente irregular por la citada Consejería del expediente de transferencias de financiación".

   "Pese a conocer esta reiterada ilicitud y que la Consejería estaba contrayendo con IFA/IDEA obligaciones que superaban extraordinariamente los límites de los créditos presupuestarios aprobados para ésta", el ex interventor "obviaría inconscientemente el cumplimiento de la legalidad vigente", pues, en primer lugar, "informó favorablemente a 20 modificaciones presupuestarias propuestas" por Empleo, seis de las cuales eran "contrarias a las leyes de Presupuesto de 2000 y 2001".

   Además, todas ellas eran contrarias "de manera radical a la Ley General de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma Andaluza y al Reglamento de Intervención", dice la juez, que concluye que estas 20 modificaciones supusieron un coste total para la Junta de 145.193.285 euros.

   En segundo lugar, la magistrada considera que el imputado, "conociendo la indiciaria ilegalidad que se estaba cometiendo" en la concesión de subvenciones, no comunicó la misma al interventor delegado en la Consejería de Empleo "para que éste, al realizar la fiscalización previa de los expedientes de transferencias de financiación a IDEA, pudiera haber interpuesto el correspondiente reparo suspensivo".

   De igual modo, el ex interventor "tampoco avocó o recabó para sí la fiscalización de tales expedientes de gasto, como así estaba facultado para evitar personalmente tal uso irregular de fondos públicos", mientras que tampoco realizó el informe de actuación que hubiera elevado el asunto al Consejo de Gobierno a pesar de que conocía que se estaban "concediendo subvenciones sociolaborales con total ausencia de procedimiento, a través de créditos presupuestarios inadecuados y muy por encima del techo de gastos de Empleo, lo que podía ocasionar menoscabo de fondos públicos".

   "En cambio, intencionadamente, emitiría el llamado informe adicional al de cumplimiento para presuntamente no forzar a los responsables políticos --consejeros implicados y Consejo de Gobierno-- a tener que pronunciarse sobre el tema, con independencia del conocimiento que los mismos tuvieran", asevera la juez.

   La magistrada también le achaca haber incumplido "de modo flagrante" el artículo 85 bis de la Ley General de la Hacienda Pública, "pues no ordenó que se realizara sobre las subvenciones que se estaban concediendo el necesario control financiero sobre los beneficiarios", todo ello "con el objeto de comprobar el adecuado destino de las ayudas, lo cual hubiera evitado que muchas de ellas sirvieran para el enriquecimiento de ciertas personas".

 

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