El PP ve "injusta" la decisión de la CE sobre el 'tax lease' y dice que debe ser "revisada"

Critica duramente a Almunia y recalca que lo "sensato" es "rectificar" esta decisión porque las consecuencias sociales "pueden ser terribles"

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El portavoz parlamentario del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, ha calificado de "injusta" la decisión de Bruselas exigiendo a España que devuelva las ayudas a los astilleros desde 2007 y ha recalcado que debería ser "revisada". A su entender, es una "mala decisión" y "un golpe" contra el sector naval español.

   Así se ha pronunciado Alonso poco después de que la Comisión Europea haya pedido a España que recupere las ayudas ilegales concedidas a los astilleros mediante el sistema de bonificaciones fiscales del 'tax lease' entre 2007 y 2011. Las subvenciones deberán devolverlas los inversores que financiaron la construcción de los buques, pero no los armadores ni los propios astilleros.

    En declaraciones en los pasillos del Senado, donde se celebra esta semana la sesión plenaria del Congreso, el dirigente del PP ha recalcado que esta decisión le "sorprende mucho" y le "disgusta", al tiempo que "causa rechazo" la actitud que ha mantenido el comisario español de Competitividad, Joaquín Almunia.

DURAS CRÍTICAS CONTRA ALMUNIA.

   "Sorprende y contrasta que el que más nos ha defendido en la Comisión Europea ha sido un italiano, no ha sido un español, y ha buscado un castigo inmerecido para España y por tanto, la decisión creo que es injusta y que debería ser revisada", ha enfatizado.

   Alonso ha recordado que todos los grupos políticos, los sindicatos y aquellos que tienen intereses en el sector naval se han mostrado en contra de esa posición de Almunia y han pedido que "se pueda rectificar". "No sé que margen hay para rectificar esto pero lo sensato sería hacerlo porque las consecuencias sociales pueden ser terribles", ha subrayado.

   El portavoz parlamentario del PP ha insistido en que se trata de una "muy mala decisión" para España. "Es un golpe contra el sector naval en España y es motivo de preocupación para 87.000 trabajadores de este sector. Deben explorarse todas las posibilidades para cambiar esta decisión", ha insistido.

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