La Consejería de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía ha presentado las líneas fundamentales de su política de vivienda en Tenerife y Gran Canaria, en el marco de las Jornadas Informativas sobre el Papel de la Administración Local ante los Desahucios organizadas por la Federación Canaria de Municipios (Fecam).
El director general de Vivienda de la Consejería, Antonio Ibáñez, ha defendido durante las jornadas la "vocación de generalizarse" que posee el Decreto Ley para asegurar la función social de la vivienda, aprobado el 9 de abril por el Gobierno andaluz, según ha señalado en una nota.
"El Decreto Ley contiene unas medidas que tienden naturalmente a la expansión por todas la autonomías que pretendan legislar sobre la vivienda a partir de su consideración como derecho humano, y no como mero objeto de mercantilización y especulación", ha señalado Ibáñez, que ha recordado que la medida ha sido tomada como referencia para hacer "nuevas políticas de vivienda" por distintas instituciones de Canarias, Navarra y Cataluña. En el caso de Canarias, los gobiernos autonómicos del archipiélago y de Andalucía han mantenido incluso contactos institucionales para abordar la normativa aprobada por la Junta.
Ibáñez ha señalado que precisamente esta "mancha de aceite" es uno de los motivos fundamentales que han llevado al Gobierno central a presentar el recurso de inconstitucionalidad contra el Decreto Ley. "La norma es constitucional de arriba a abajo, y el Gobierno lo sabe perfectamente. Pero la recurre porque funciona y da poder a la gente, porque es útil y porque se está extendiendo. El presidente Mariano Rajoy, haciendo un uso abusivo de sus prerrogativas, ha forzado su paralización porque quiere lanzar por todo el Estado el mensaje de que no hay alternativa a las políticas neoliberales de recortes y sufrimiento social", ha señalado Ibáñez
"Lo grave es que con este recurso el Gobierno fuerza la paralización del Decreto Ley. ¿Qué ocurrirá con las familias beneficiadas hasta que se levante dicha suspensión?", se ha preguntado Ibáñez, que ha lamentado además que el Gobierno central "utilice como excusa para su recurso a la Comisión Europea, cuando esta jamás ha expresado dudas sobre la constitucionalidad de la medida". Ibáñez ha insistido en que el Gobierno andaluz "jamás bajará los brazos" en defensa del derecho a la vivienda y ha recordado que la Consejería tiene "otros recursos" para continuar trabajando en la misma línea, entre los que ha citado el Programa Andaluz en Defensa de la Vivienda, los programas de rehabilitación y la promoción de la autoconstrucción, el cooperativismo y el alquiler social que recogerá el Plan Concertado de Vivienda y Rehabilitación.
TRES MESES EN VIGOR
A lo largo de los tres meses que lleva en vigor el Decreto Ley, "ha demostrado que hay otra forma de hacer política de vivienda, al servicio de las víctimas de la crisis-estafa financiera e inmobiliaria", ha señalado Ibáñez. El director general de Vivienda ha explicado durante las Jornadas que en Andalucía hay más de 700.000 viviendas vacías, al tiempo que se han producido desde 2007 más de 80.000 desahucios. En paralelo, el porcentaje de alquiler no alcanza ni el 17 por ciento, apenas la mitad que en Europa. Ante esta situación, ha señalado Ibáñez, el Gobierno andaluz, a propuesta de la Consejería que dirige Elena Cortés, aprobó el Decreto Ley, que entró en vigor el pasado 12 de abril.
Dicha norma crea la figura de la vivienda vacía para su inclusión en un registro de inmuebles deshabitados. La vivienda vacía queda definida a partir de los seis meses sin ocupación, regulándose también los mecanismos para su detección en función, entre otros indicadores, del consumo de agua y electricidad. El Decreto Ley establece sanciones de hasta 9.000 euros para las personas jurídicas, fundamentalmente bancos e inmobiliarias, por cada vivienda vacía. También establece sanciones, que pueden llegar hasta los 120.000 euros, para las entidades financieras que den a sus viviendas protegidas un uso contrario al fin social para el que fueron construidas. Por otra parte, la norma fija incentivos para personas físicas que tengan viviendas vacías. "El objetivo es promover el alquiler como vía para la extensión del ejercicio del derecho a la vivienda, que la propia ONU señala que ha sido pisoteado durante décadas", ha explicado Ibáñez.
El Decreto Ley incluye una disposición adicional que establece la potestad de la administración andaluza de expropiar el uso de viviendas embargadas por entidades financieras, sus filiales inmobiliarias o sociedades de gestión de activos en caso de que la familia que vaya a ser desahuciada se encuentre en riesgo de exclusión social. Desde su entrada en vigor, el 12 de abril, la Consejería ha iniciado 18 expedientes de expropiación para evitar desahucios. "Pero el Decreto Ley no sólo evita desahucios mediante este mecanismo expropiatorio. Es una norma que incide, a favor de la parte más débil, en todos los desahucios, porque tiene un efecto disuasorio", ha señalado Ibáñez.
Al margen de esta disposición adicional, la Consejería había empezado a inspeccionar el parque de vivienda de Andalucía al objeto de detectar aquellas que estén vacías e incorporarlas al registro de inmuebles deshabitados, pudiendo sancionar a las personas jurídicas que las posean. También había recabado información sobre las viviendas protegidas que los bancos tienen en sus balances. La Consejería trabajaba además en la orden de fomento medidas en materia de alquiler y en el decreto de traspaso funciones a EPSA en materia de fianzas de arrendamientos y suministros.
Ibáñez ha defendido en Canarias no sólo la "clarísima constitucionalidad" del Decreto Ley, sino también su "positiva incidencia sobre la economía productiva y el sistema financiero". "El Decreto Ley no desestabiliza al sistema financiero. Muy al contrario, lo que ha dejado al sistema en el penoso estado en el que se encuentra, forzando a su rescate con dinero público, ha sido la especulación galopante, sobre todo la inmobiliaria, el exceso de acumulación de riesgo y la morosidad. Y la morosidad es un fenómeno que va en aumento a causa de un desempleo que ha crecido hasta límites insospechados por medidas como la reforma laboral del Gobierno central", ha señalado Ibáñez, que ha recordado que la norma andaluza "recoge fielmente" los elementos fundamentales de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el conocido como Tribunal de Luxemburgo, que estableció que durante casi dos décadas en España se habían estado produciendo "desahucios claramente ilegales".
El Decreto Ley, ha añadido Ibáñez, "en absoluto contraviene" los principios rectores del Banco Central Europeo y del Memorando de Entendimiento que establece las condiciones del rescate bancario a España, ya que "precisamente va en la misma línea porque fomenta el alquiler, ofrece una salida a los activos tóxicos y adopta medidas contra los desahucios, una sangría social que llama la atención sobre España en todo el mundo". "Este Decreto Ley actúa contra la especulación y promueve el alquiler, que en España ni siquiera alcanza el 17%, la mitad que en Europea", ha añadido Ibáñez, que ha subrayado que "lo arriesgado" es que haya entidades que, con ánimo especulativo, mantienen inmovilizado su stock de vivienda.
Ibáñez ha recordado que el Banco Central Europeo, a través de su presidente, Mario Draghi, ha instado formalmente al Gobierno central a tomar medidas más ambiciosas contra los desahucios, y que el propio Parlamento Europeo ha alcanzado acuerdos que reclaman a los Estados que actúen a favor de los afectados por endeudamientos sobrevenidos. "La política de vivienda andaluza rema a favor de una Europa social, preocupada por el bienestar de sus ciudadanos, actualmente amenazada de extinción", ha concluido Ibáñez.
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