La familia de Motril (Granada) cuya vivienda iba a ser expropiada temporalmente por la Junta de Andalucía para evitar su desahucio vive con "incertidumbre" la decisión del Tribunal Constitucional de suspender de manera cautelar el decreto del Gobierno andaluz durante cinco meses.
En declaraciones a Europa Press, Ana Prieto Coca, residente en la calle Azorín de Motril, separada, con tres hijos y sin ingresos, ha relatado que todos en su familia están "muy agobiados" tras conocer la noticia, ya que desconocen qué puede pasar con su vivienda en estos meses de suspensión del decreto andaluz.
"No sabemos lo que vamos a hacer ni dónde vamos a ir", ha relatado la mujer, que se ha manifestado "nerviosa" por lo que pueda ocurrir a partir de ahora con su vivienda.
Ana Prieto Coca no tiene trabajo desde hace cuatro años, por lo que no ha podido hacer frente al pago de su inmueble donde vive con sus tres hijos, de 20, 22 y 24 años.
En esta situación de "dificultades", tuvo conocimiento del decreto antidesahucios y en el mes de abril presentó ante la Delegación de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada la solicitud para el inicio del expediente de expropiación de uso de su vivienda, que se le había embargado.
TERCER CASO
La otra beneficiaria del decreto antidesahucios de la Junta en la provincia es Margarita Yolanda Cabana Carretero, casada y madre de una familia numerosa que reside en la calle Atocha de Charches-Valle de Zalabí.
El delegado de Fomento y Vivienda de la Junta en Granada, Manuel Morales, ha informado a Europa Press de que ha remitido un tercer caso de una familia monoparental en Motril (Granada) para su próxima publicación en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), lo que se prevé que ocurra en unos días.
La medida afecta a una mujer que tiene a su cargo un hijo y que carece de ingresos, por lo que no ha podido hacer frente a su hipoteca, según ha precisado el delegado.
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