La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha remitido un oficio a la juez que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares tramitados por la Junta de Andalucía en el que le anuncia que próximamente elaborará un informe en el que analizará si otras entidades de la Administración autonómica han podido incurrir en "posibles irregularidades".
En este oficio remitido el pasado 27 de junio a la juez Mercedes Alaya, al que ha tenido acceso Europa Press, la UCO señala que "las áreas donde se pretende avanzar se corresponden con el funcionamiento de distintas consejerías de la Junta, concretamente de aquellas que tuvieron adscrita al IFA/IDEA, así como las que participaban de algún modo en la elaboración del presupuesto de la empresa pública mencionada, en el mantenimiento del programa 31.L --conocido como "fondo de reptiles"-- y en las distintas modificaciones presupuestarias".
Al hilo de ello, la Guardia Civil señala que, "igualmente, se plasmará en un futuro informe cómo las distintas entidades de la Administración Pública andaluza se relacionaban entre sí en estos aspectos, con el fin de observar posibles irregularidades, si las hubiere", punto en el que considera de "especial interés" el factor de control desarrollado por la Intervención General de la Junta.
"Entender este trabajo de fiscalización permitirá comprender de una manera muy aproximada cómo se habría podido salvar esta labor de control, ya no sólo en relación al gasto sino también en todo lo referente a presupuestos y modificaciones de éstos", dice la Guardia Civil en este oficio, que incluye la declaración como testigos de 14 personas, entre los que se encuentran dos de los nuevos imputados por la juez, como son los ex secretarios generales de Hacienda Antonio Estepa y Buenaventura Aguilera.
A juicio de la UCO, estas declaraciones "han arrojado luz a muchos aspectos de los aquí indicados", por lo que "pueden constituir una fuente de información relevante para la instrucción" de la causa.
En dicho oficio, la Guardia Civil recuerda que está desarrollando diversas líneas de investigación "tendentes a esclarecer los hechos", señalando que "durante los últimos meses se ha profundizado en la actividad desarrollada por distintos actores protagonistas en el perfeccionamiento de la presunta actividad ilícita investigada, tales como mediadoras, asociaciones de trabajadores, aseguradoras o despachos de abogados".
Una vez recibido este oficio, la juez ha decidido dar "un paso cualitativo" en la instrucción con la imputación de 20 cargos y ex altos cargos de la Junta de Andalucía, entre los que destaca la exconsejera de Economía y Hacienda entre los años 1994 y 2004, exministra de Fomento y actual vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, o el actual viceconsejero de Presidencia y director general de Presupuestos entre el 21 de abril de 2002 y el 26 de abril de 2009, Antonio Vicente Lozano.
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