La Comisión Europea ha avisado este martes de que el decreto andaluz antidesahucios, que prevé la expropiación temporal de viviendas a la banca, pone en riesgo los objetivos del rescate bancario y ha pedido más explicaciones a las autoridades españolas, pero no ha aclarado si suspenderá el programa en caso de que la norma no se modifique.
"Consideramos que el decreto plantea riesgos al cumplimiento de los objetivos del programa", ha dicho el portavoz de Asuntos Económicos, Simon O'Connor, al ser preguntado si el decreto andaluz vulnera las condiciones del memorándum de entendimiento firmado por España a cambio del rescate bancario.
El Ejecutivo comunitario ha enviado una carta a las autoridades españolas en la que expresa su "inquietud" por considerar que el decreto andaluz "va más allá de lo que sería un enfoque equilibrado" y "debilitará la calidad del colateral".
"En particular, estamos preocupados por las disposiciones sobre sanciones y expropiaciones temporales, así como por la falta de claridad en la división de responsabilidades en esta cuestión entre las diferentes administraciones en España", ha explicado el portavoz.
En particular, Bruselas teme que el decreto andaluz sea un precedente para actuaciones similares de otras comunidades autónomas y considera que no está clara la división de competencias en materia de vivienda entre Gobierno central y regiones, lo que puede generar nuevos conflictos de competencias que socaven la confianza de los inversores.
"Tememos que estos factores podrían aumentar la incertidumbre en el mercado español de la vivienda, desalentar a los posibles inversores y retrasar el despegue del mercado de la vivienda, lo que a su vez planteará retos a la compañía de gestión de activos (Sareb)", ha explicado O'Connor.
Con todo ello, el objetivo del rescate de restaurar la viabilidad y garantizar el acceso al mercado del sector bancario español "podría verse retrasado o impedido".
En todo caso, el Ejecutivo comunitario no ha querido aclarar cuáles serán sus siguientes pasos si la Junta de Andalucía rechaza modificar el decreto, más allá de volver a abordar este problema en la próxima misión de la troika a Madrid, que tendrá lugar en otoño.
"La Comisión ha invitado a las autoridades españolas a que aclaren, tanto a los inversiones nacionales como a los internacionales, la situación legal y de gobernanza por lo que refiere a la deuda hipotecaria", ha explicado el portavoz al ser preguntado por esta cuestión.
Además, Bruselas ha pedido a las autoridades españolas "evitar cualquier medida que pueda dificultar el logro de la estabilidad financiera". "Es esencial para crear la base de la recuperación en España", ha insistido O'Connor.
El Ejecutivo comunitario espera ahora que el Gobierno central, su único interlocutor en la aplicación del rescate bancario, negocie con Andalucía para al menos modificar el decreto, según fuentes comunitarias.
