La consejera de Fomento y Vivienda, Elena Cortés (IULV-CA), ha anunciado este martes que la Junta de Andalucía responderá a la carta dirigida por la Comisión Europea (CE) al Ministerio de Economía el pasado 16 de junio sobre el decreto-ley autonómico que permite la expropiación temporal del uso de viviendas a bancos en casos de desahucios con riesgo de exclusión social defendiendo que la norma andaluza es "plenamente constitucional" y rechazando que "ponga en cuestión el sistema financiero".
Cortés se ha pronunciado de este modo durante una entrevista en Canal Sur Radio, recogida por Europa Press, después de que se haya conocido que la CE ha remitido una carta al Ministerio de Economía en la que asegura que el decreto antidesahucios aprobado por la Junta puede afectar "negativamente" a la estabilidad del sistema bancario.
"Parece que efectivamente hay una carta que la CE dirige al Ministerio de Economía fechada el 16 de junio y ahora lo que estamos haciendo es ver el contenido, pero en cualquier caso el decreto-ley que hemos aprobado es plenamente constitucional porque está bajo el paraguas de la Constitución y del Estatuto de Autonomía", ha defendido la titular andaluza de Vivienda.
Cortés ha explicado que el decreto-ley en vigor "pretende salvaguardar el derecho humano a la vivienda de aquellas familias en proceso de desahucio con la expropiación temporal del uso a la banca, para lo que hemos iniciado ya siete expedientes de expropiación, y por otro lado sacar al mercado del alquiler las 700.000 viviendas deshabitadas que existen en la comunidad autónoma imponiendo una sanción a las personas jurídicas que no lo hagan y fomento para que lo hagan a las personas físicas, algo que ya hemos hecho desde la Consejería, pasando al alquiler algo más de 600 viviendas que teníamos sin adjudicatario sin que pase absolutamente nada".
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Tras apuntar que "habrá que preguntarle a la CE si no le parece un poco desmedido afirmar que este decreto-ley puede poner a las entidades financieras en esa situación", la consejera de Fomento ha dejado claro que "la única manera de retirar el decreto-ley es que fuera inconstitucional" porque, ha subrayado, "el Gobierno andaluz está completa y democráticamente legitimado para tomar decisiones y leyes que vengan a resolver el problema de emergencia habitacional que tiene la comunidad autónoma desplegando todas las competencias que tiene el Estatuto para responder al interés general de los ciudadanos".
En este sentido, Cortés ha indicado que, tras estudiar el contenido de la comunicación del Ministerio de Economía, la Junta le "dará respuesta defendiendo la constitucionalidad de la medida, la legitimidad democrática absoluta del Gobierno andaluz en defensa del interés general para atender a las familias en riesgo de desahucios y sacar las viviendas deshabitadas al alquiler".
"En absoluto esto pone en cuestión el sistema financiero, son otras medidas a mi juicio las que pueden estar poniendo en cuestión el sistema financiero, como el desempleo masivo que eleva el índice de morosidad ante la imposibilidad de las familias para hacer frente a créditos que tienen", ha concluido la consejera.
