La consejera de Presidencia e Igualdad, Susana Díaz, ha manifestado este viernes que intuye que el Gobierno central no se referirá a Andalucía cuando hace recomendaciones a las comunidades autónomas, al hilo de la reforma de las administraciones públicas, sobre la supresión de determinados organismos, como las cámaras de cuenta o los defensores del pueblo. Ha apuntado que en una comunidad autónoma con más de ocho millones de habitantes, hay instituciones que "son necesarias".
En declaraciones a los periodistas, ha manifestado que la Junta desconoce íntegramente el texto que quiere aprobar el Consejo de Ministros, porque la comunidad no ha participado en la redacción ni se le ha facilitado más información de la que tienen el conjunto de los ciudadanos a través de la intervención que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, hizo hace unos días.
En este sentido, ha señalado que el Gobierno andaluz será prudente hasta conocer con detalle el texto que apruebe el Consejo de Ministros. Para la consejera, esa no deberían haber sido las formas, sino que tendría que haberse contado con la participación de las comunidades en un debate de "calado, sobre qué tipo de administraciones públicas queremos y de qué manera, desde la colaboración institucional, todos podríamos haber aportado algo".
Por ello, Díaz ha confiado en que cuando el Ejecutivo nacional hace ese tipo de recomendaciones no hablará en general de todas las comunidades autónomas, apuntando que Andalucía tiene unas necesidades evidentes al darle servicio a una población de más de ocho millones de personas.
Ha señalado que la información que personalmente le ha trasladado el Gobierno central es que, en lo referido a las comunidades autónomas, son "meramente recomendaciones" las que se plantean y que además "no serán igual para todas", porque hay diferencias. "Si no estamos ante eso y estamos ante otra cosa, pues lo tendrá que aclarar el Gobierno", ha apuntado.
Susana Díaz ha recalcado que en el Estatuto de Autonomía de Andalucía se contemplan determinados órganos que son necesarios en una comunidad con más de ocho millones de habitantes, de manera que tiene que "haber respeto por parte del Gobierno de España a la autonomía que tenemos las comunidades".
Ha agregado que sí le parece apropiado que el Gobierno haya abierto un debate para analizar determinados servicios de su ámbito que prestaban competencias que ya están trasferidas a las comunidades. Tras indicar que ese debate es oportuno y necesario porque se trata de una "duplicidad", ha expresado que no tiene sentido mantener organismos cuya prestación de servicios ya los estaban ejerciendo las comunidades autónomas que tenían transferidas esas competencias.
La consejera de Presidencia e Igualdad ha insistido en que la vía para abordar estas cuestiones tiene que ser la del diálogo y el entendimiento y que las comunidades autónomas participen. "Si participamos todos, va a ser mucho más fácil a la hora de ver qué es necesario y qué no", ha apuntado.
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