Se trata de un proyecto mixto de empleo y formación en el que 30 jóvenes están siendo formados en la especialidad de Tapicero de Muebles en alternancia con la práctica profesional, que comenzó su andadura el 29 de diciembre del año pasado y que tendrá una duración anual.
El 50 por ciento de los alumnos son personas con síndrome de Down y con otras discapacidades intelectuales seleccionados entre los jóvenes de Aspanido, el Colegio de Educación Especial La Merced, la oficina de atención a la discapacidad del Ayuntamiento y el Servicio de Andalucía Orienta Fundosa, mientras que el 50 por ciento restante son personas en situación de desempleo que han sido derivados del servicio de Andalucía Orienta y que se encuentren en situación de desempleo, todos mayores de 25 años. Además existe paridad en el sexo de los estudiantes, ya que el 50% de los alumnos son hombres y el 50% mujeres.
La alcaldesa manifestó su satisfacción por esta iniciativa, “que genera formación y empleo entre un segmento de la población muy específico al que se le abre las puertas de acceso al mercado laboral con especialización profesional”, tras haber conocido de primera mano el desarrollo de las actividades formativas en las mismas instalaciones de Aspanido.
Para el desarrollo de la Escuela Taller, la Consejería de Empleo ha concedido la cuantía de 620.170,20 euros. El objeto de la actuación es la transformación o reciclaje de objetos susceptibles de ser tapizados y el destino previsto donarlos a diferentes ONGs de la ciudad o la propia reutilización por parte de la entidad.
Además de la formación específica en la especialidad de tapicería, los alumnos-trabajadores reciben formación y orientación laboral y educación compensatoria a través de las cuales adquieren los recursos necesarios para la búsqueda activa de empleo.
Al mismo tiempo se compensan los déficits formativos permitiendo así una mayor cualificación del alumno aumentando las posibilidades de encontrar empleo.
Por su parte, la presidenta de Aspanido, Juana Zarzuela, pidió más colaboración tanto a empresas públicas como privadas para que contraten a personas con discapacidad intelectual porque “son cumplidores al máximo con sus tareas encomendadas”.
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