El abogado del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, encarcelado a raíz de su imputación en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares, ha criticado que la Fiscalía Anticorrupción haya utilizado "modelos inquisitivos" y actuado "como si de una causa general se tratara" a la hora de fijar en 145 millones de euros su petición de fianza de responsabilidad civil, que finalmente la juez Mercedes Alaya ha dejado en 38 millones.
En el escrito que presentó oponiéndose a la petición de fianza civil por parte del Ministerio Público, al que ha tenido acceso Europa Press, el abogado de Lanzas denunció en primer lugar la indefensión provocada por el mantenimiento del secreto de sumario --ya levantado--, pues consideraba que "se debiera haber levantado con respecto a aquellas actuaciones que, sin afectar al buen fin de la investigación, fundamentaran las peticiones del Ministerio Fiscal" en cuanto a la fianza civil.
A su juicio, esta indefensión "se ve acrecentada por la forma en que se argumenta la petición de la medida", ya que "es evidente la falta de precisión de la petición formulada", en la que se afirma textualmente que "se procede a interesar las cantidades de las que deben responder los imputados, mediante la prestación de fianzas o embargos".
"Desconocemos a qué deben responder dichas cantidades: si es a responsabilidad civil, multa o costas, ya que la expresión genérica utilizada provoca una nueva indefensión en la parte, incapaz de poder dar respuesta a dicha afirmación", dice el letrado, quien critica las "imprecisiones" de Anticorrupción "al usar el argumento de remisión a la imputación llevada" a Lanzas.
El abogado considera que la Fiscalía "debió de analizar la misma y argumentar qué tipo de imputaciones y con fundamento en qué razones son merecedoras de medidas cautelares reales, dándose el caso de que determinados ilícitos carecen de responsabilidad civil". "Una vez más, se utilizan fórmulas genéricas que imposibilitan una correcta respuesta", lamenta.
Asimismo, califica de "increíble" que a "un particular sin cargo alguno en la Junta" como es Lanzas "se le reproche por el Ministerio Público la facultad de intermediar para el pago de las denominadas sobrecomisiones, desconociendo los requisitos legales y jurisprudenciales que se exigen para la participación en la comisión de ilícitos penales".
Además, añade el letrado, "debemos reprochar una vez más que la generalidad de la afirmación no viene sino a acreditar la falta de razones legales para imputar la cantidad total de 103.183.535,65 euros, importe total de las mismas", pues "no se dice cómo haya sido la participación y el dominio funcional que haya tenido Lanzas".
"Los beneficios obtenidos por mi representado, comisionista, no pueden ser imputados como conductas ilícitas, ya que su abono lo fueron de entidades, empresas y particulares de sus propios fondos", por lo que "en nada se demuestra que pueda detectar la apropiación de caudales públicos".
El abogado, al hilo, critica que la Fiscalía haya actuado "como si de una causa general se tratara, utilizando modelos inquisitivos, infringiéndose el principio de interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos". "Todos son culpables de todo, todos participan en la misma manera y todos deben responder de lo personal y lo general", concluye.
La juez Alaya ordenó el pasado mes de marzo el ingreso en prisión de Lanzas, aunque posteriormente la Audiencia Provincial ha acordado dejarlo en libertad bajo fianza de 450.000 euros, cantidad que no ha satisfecho hasta el momento al no disponer de la misma, según las fuentes consultadas por Europa Press.
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