El bufete Garrigues ha elevado un escrito ante la juez Mercedes Alaya, que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos, en el que niega haber realizado "ningún pago" al exdirector de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero, quien salió de prisión sin fianza el pasado martes.
En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que el despacho de abogados ha elevado este mismo viernes un escrito ante el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla en el que sale al paso de las afirmaciones realizadas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en unas diligencias conocidas una vez se ha levantado el secreto de sumario que pesaba sobre las actuaciones desde noviembre.
En sus diligencias, la Guardia Civil apuntaba que "del análisis de toda la información bancaria de las diferentes personas físicas y jurídicas involucradas en la presente investigación que hasta el momento obra en poder de la Unidad, y del cruce de datos con ingresos concretos realizados en estas cuentas, de origen desconocido, se destacan" una serie de movimientos.
Así, refiere que de una cuenta de la que Garrigues es titular, el día 14 de octubre de 2013 "sale un cheque por valor de 6.127,78 euros", mientras que "un importe de 6.000 euros entre en efectivo" en una cuenta de Guerrero "ese mismo día".
En segundo lugar, la UCO pone de manifiesto que, el día 24 de febrero de 2004, "sale un cheque por valor de 4.209,28 euros" de la misma cuenta cuyo titular es Garrigues, mientras que "un importe de 4.000 euros entra en efectivo" en una cuenta bancaria del imputado "el 25 de febrero de 2004", es decir, al día siguiente.
En su escrito, el bufete niega tajantemente haber realizado "ningún pago" a Francisco Javier Guerrero y detalla que los dos movimientos bancarios citados "se corresponden a transferencias por prestación de servicios realizadas a dos firmas extranjeras". "Garrigues no paga comisiones a nadie por sus servicios profesionales", han dicho las fuentes.
Las diligencias policiales se han conocido después de que la juez Alaya decidiera levantar el secreto de sumario la pasada semana, secreto dentro del cual se ha investigado el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los ERE.
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