La consejera de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía, Elena Cortés, ha advertido este domingo que la modificación de la Ley de Costas aprobada definitivamente la pasada semana por las Cortes Generales significa "un avance en la dirección errónea, que es la privatización de los puertos deportivos" a través de la regulación que se realiza de las marinas interiores.
Además, en un comunicado, Cortés ha augurado que esta ley tendrá una repercusión "negativa" sobre el sistema portuario autonómico, para cuyos concesionarios, según ha explicado, se establece una "doble imposición tributaria injusta, al mantener un canon demanial del Estado adicional al de la Comunidad Autónoma".
La reforma de la Ley de Costas establece que se mantendrá el carácter de dominio público de las marinas, terrenos privados artificialmente inundados por el mar para hacerlos navegables, pero establece una importante excepción, según destaca la Junta, que es que "los denominados garajes náuticos serán de propiedad privada". Se trata de láminas de agua para el estacionamiento de embarcaciones en las urbanizaciones de dichas marinas que ya no tendrán la consideración de atraques en dominio público.
El garaje náutico, a juicio de Cortés, "menoscaba el carácter público del espacio portuario" y conlleva el peligro de que sean considerados de propiedad privada no sólo los atraques individuales, sino también dársenas enteras de estas urbanizaciones.
Así, estima que este "avance en la privatización" de las marinas plantea también dudas sobre el ejercicio en las mismas de las potestades administrativas en materia de navegación y medio ambiente, "con el consiguiente riesgo de incidencias tanto para el tráfico marítimo como en el control y tratamiento de residuos, entre otros aspectos", subraya Cortés.
LA "INJUSTA" DOBLE IMPOSICIÓN TRIBUTARIA
Junto a ello, la consejera ha incidido en que esta reforma de la Ley de Costas mantiene el denominado canon demanial, un pago por parte de los concesionarios en puertos autonómicos que no se exige en cambio en los puertos de titularidad del Estado. "No nos parece justo, equitativo ni equilibrado", ha señalado Cortés.
Y es que la nueva norma establece también criterios al alza para la determinación de la base imponible de este canon, "con el consiguiente riesgo de quiebra efectiva de concesionarios y de parte del sistema portuario autonómico", cuya viabilidad quedaría "amenazada", critica la consejera del ramo.
En este sentido, explica que el Gobierno central exige este canon demanial por considerarse titular del dominio público marítimo-terrestre adscrito a la Comunidad Autónoma para usos portuarios, "pero sin embargo en esta misma modificación legal se especifica que el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) no deberá pagarlo el Estado, sino la Junta de Andalucía, en contra del criterio mostrado hasta ahora por los tribunales de justicia sobre este asunto".
Para Cortés, "no se entiende la doble lectura que se pretende hacer de este tema, reivindicando la Administración del Estado la condición de titular para exigir el canon demanial y eludiendo la trascendencia de dicha titularidad al trasladar a la Comunidad Autónoma la carga impositiva".
Por otro lado, la consejera de IU ve "razonable" que la modificación de la Ley de Costas amplíe el plazo de las concesiones portuarias anteriores a la aprobación de la primera norma en 1988, contempladas en el artículo 49, en un plazo de 35 años a contar desde el referido año 1988, y no a 150 años como en principio pretendía el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, un tiempo, a juicio de Cortés, que resultaba "absolutamente desmesurado y fuera de toda lógica".
Ha defendido así que este acortamiento del plazo inicialmente introducido en el texto legal ha sido fruto "en buena medida de la presión ejercida por las comunidades autónomas", que en el seno de las XIII Jornadas de Administraciones Portuarias Autonómicas, celebradas el pasado mes de noviembre en Sevilla, realizaron un comunicado conjunto solicitando esta cuestión, entre otras muchas.
"Lástima que el resto de reivindicaciones, como las referidas al canon demanial, el IBI o las marinas interiores, hayan sido tan inexplicablemente desatendidas", ha concluido Cortés.
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