El Grupo Popular va a defender este jueves en el Pleno del Parlamento de Andalucía una proposición no de ley en la que insta, de un lado, a la Cámara autonómica a rechazar el "mantenimiento de recortes en las retribuciones de los empleados públicos andaluces para el ejercicio 2013" y a la Junta, de otro, a adoptar las "medidas oportunas" para "no imponer más sacrificios" a estos empleados durante el próximo año.

   Para ello, el PP-A reclama a la Administración autonómica que deje sin efecto los "recortes" contemplados en la Ley de Medidas Fiscales, Administrativas, Laborales y en materia de Hacienda Pública para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía y que renuncie, por tanto, "a contemplar nuevos recortes salariales" en los presupuestos de 2014, "eliminando la posibilidad prevista en ese sentido en la referida Ley de no levantar la suspensión en función de la garantía de estabilidad presupuestaria y la sostenibilidad financiera de la Comunidad Autónoma de Andalucía".

   Según argumentan los 'populares' en el texto de su iniciativa, consultada por Europa Press, estas medidas son necesarias porque, de lo contrario, el Gobierno andaluz estará convirtiendo a los más de 260.000 empleados públicos andaluces "en los más penalizados de toda España, ya que ninguna comunidad (a excepción de Cataluña) aplicará nuevos recortes para este año, no existiendo norma básica estatal que así lo contemple". "Es por ello que la adición de este recorte a los ya aplicados entre 2010 y 2012 supone una mayor e injusta pérdida retributiva y de poder adquisitivo acumulada para personal del sector público andaluz, a la que no se ha intentado buscar otra alternativa", añaden para criticar las medidas de la Junta.

   Es por eso también que le reclaman un "compromiso firme" para que, "una vez se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria de la Comunidad Autónoma de Andalucía", compense a estos empleados por la "pérdida de poder adquisitivo ocasionada por los recortes salariales ya aplicados en el ejercicio 2012, y los que se apliquen en el presente y, en su caso, futuros ejercicios".

   El PP-A basa estas peticiones acusando a la Junta de tener que hacer ahora estos "recortes" por el "incumplimiento sistemático de los objetivos de estabilidad presupuestaría establecidos por el Gobierno de la Nación para nuestra comunidad en los ejercicios 2009, 2010 y 2011".

   También, añaden, por "la elaboración de unos Presupuestos en base a estimaciones de ingresos erróneas y una inadecuada política de gestión del gasto público", que finalmente provocó que entre las medidas recogidas en la Ley de Medidas para el reequilibrio económico-financiero de la Junta se contemplaran "distintos recortes que afectan a los empleados públicos andaluces, como la suspensión del complemento específico equivalente a la suma de las pagas adicionales de junio y diciembre (que supone un recorte de entre el 30 y el 50 por ciento de la cuantía de las pagas extra), el recorte del 10 por ciento de los complementos salariales variables, la disminución de la jornada del

personal no indefinido o temporal y la eliminación de las ayudas de Acción Social".

   Y todo ello, critica el PP-A, sin que la Junta haya "establecido ningún tipo de compensación futura para los empleados públicos andaluces" frente a la "compensación que sí ha contemplado expresamente el Gobierno de la Nación para los empleados de la Administración General del Estado, de manera que las cantidades derivadas de la supresión de una única paga extra en 2012 serán compensadas mediante aportaciones a planes de pensiones una vez se cumplan los objetivos de estabilidad presupuestaria".

   De ahí que los 'populares' rechacen el "burdo argumento esgrimido por el bipartito andaluz de la necesidad de aplicar esta medida para evitar la destrucción de empleos públicos", ya que, a su juicio, "cae por su propio peso ante la evidencia de despidos y pérdida de empleos en distintos ámbitos del sector público andaluz". "Para el PP-A el control del déficit o el pago de la deuda no deben exigir este nuevo y desproporcionado sacrificio para miles de empleados públicos andaluces mientras existan otras alternativas y espacios donde todavía existe margen para reducir el gasto, y, especialmente, cuando se mantiene un entramado de entes paralelos que han ido en aumento en estos años de crisis, configurando una Administración sobredimensionada a la que el Gobierno andaluz se resiste a racionalizar, bajo criterios de eficacia y eficiencia, y sin menoscabar la prestación de los servicios públicos esenciales", argumentan.