El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, ha anunciado que se va a poner en contacto con todos los Decanatos de los Juzgados para trasladarles la obligatoriedad por ley, --una vez que este jueves ha entrado en vigor la Ley estatal de protección del deudor hipotecario--, de paralizar por un periodo de dos años las ejecuciones de desahucios para aquellas personas que se encuentren en riesgo de exclusión social.
A preguntas de los periodistas durante la inauguración en Granada del 'Congreso Nacional sobre Desahucios y ejecuciones hipotecarias', Del Río ha explicado que con esta ley se abre también un plazo de un mes para que todos los procesos de ejecución se paralicen para su revisión por si hay cláusulas abusivas o impeditivas que exijan su retirada. Por ello, Del Río hace una "llamada de atención" a todos los jueces, notarios y demás personas que participen en este proceso para que estudien si dichas cláusulas pueden ser abusivas.
El presidente del TSJA ha indicado que, aunque los jueces han intentando que en este tipo de casos hubiera un "equilibrio" para que los intereses económicos no primaran siempre sobre el estado social de derecho, con esta nueva normativa cuentan con unas "facultades más amplias" para ello.
"Los jueces no han sido insensibles ante este problema y han tenido que ser jurídicamente imaginativos hasta la entrada en vigor de esta normativa", ha señalado Del Río, quien se ha congratulado de que ahora puedan contar con "un mayor apoyo legal", frente a las anteriores "lagunas legislativas".
Tras mostrar su deseo de que se profundice en la aplicación de esta nueva normativa para beneficiar a los colectivos afectados, el presidente del TSJA ha afirmado que este "drama social" afecta a muchas personas "de carne y hueso" que están sufriendo una crisis con mucha más "virulencia" que otras, por lo que necesitan ayuda "social, legal y jurídica".
Preguntado sobre si la nueva normativa tiene alguna incidencia en las personas que ya han sido desahuciadas de sus viviendas, Del Río ha contestado que no y ha indicado que los jueces ya no pueden hacer nada en estos casos. "La ley no tiene carácter retroactivo y ante este tipo de casos quien tiene que entrar es el estado social", ha concluido el presidente del TSJA.
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