La Oficina de Rehabilitación del Casco Histórico emprenderá en las próximas semanas su último empujón al proceso de restauración de intramuros a través de la compra de una docena de fincas con problemas de infravivienda. Una vez en su poder, la Junta de Andalucía procederá al arreglo de las mismas, culminando así el grueso de las intervenciones comprometidas correspondientes al listado de 62 inmuebles con partiditos que detectó a principios del año pasado.
Durante los últimos meses, los técnicos de la Oficina han mantenido contactos con sus dueños al objeto de ofrecerles la posibilidad de adquirirlos o firmar un convenio para su reforma conjunta. Esta negociación excluía los cuatro edificios ya en manos de Procasa, otros nueve que iban a ser remodelados por sus propios titulares y 17 cuyos propietarios no tenían ningún interés en acometer obra alguna.
Desde entonces, la Junta centró su interés en las 32 fincas restantes, iniciando una serie de conversaciones que parecen llegar ahora a su recta final. Eso al menos asegura la gerente de la Oficina, Silvia López, quien ayer confirmaba la importante gestión en ciernes para “hacernos con los 12 inmuebles que nos faltaban y terminar nuestra parte”.
La responsable del departamento dependiente de la Delegación Provincial de Vivienda no quiso desvelar el nombre de todos los edificios afectados “por respeto a los propietarios”, ya que muchos acuerdos aún no se han formalizado. “Hemos recibido ofertas, pero seguimos estudiando la mayoría”, puntualizó López.
Donde sí están más avanzados los trámites --e incluso se ha abonado el 10% del traspaso como señal-- es en Sopranis 6, Lubet 13 y Sagasta 77-79. Por la primera finca la Junta de Andalucía pagará 540.911 euros, por la segunda 360.608 y por la tercera 432.728.
La estimación que baraja la Oficina pasa por invertir un total de seis millones de euros en esta ambiciosa operación, en la que también entraría la adquisición de Benjumeda 17 y Amaya 2. Sólo la rehabilitación de este último inmueble rondará el millón de euros.
Encarriladas estas actuaciones, la infravivienda sólo se resistiría ya en 17 edificios. Ante la negativa de sus dueños a acogerse a alguna fórmula para acabar con su mal estado, la Junta puso estos casos, hace meses, en conocimiento del Ayuntamiento para que adoptara las medidas oportunas (expropiación, requerimiento de obras de seguridad...). Pero, hasta la fecha, el Consistorio no ha aclarado si piensa realizar algo al respecto.
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