Un abogado imputado en la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta ha solicitado a la Audiencia Provincial de Sevilla el archivo de las actuaciones y ha negado tener "relación alguna" con el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social Francisco Javier Guerrero o con el 'conseguidor' de los ERE Juan Lanzas, ambos en prisión, lamentando asimismo los "graves" perjuicios personales y profesionales que le está causando su imputación en la causa.

   La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, dictó en marzo un auto en el que rechazaba el recurso de la defensa del letrado Daniel Gutiérrez, del despacho Estudios Jurídicos Villasís, contra el auto de 27 de enero de 2012 en el que se le imputó en esta causa, lo que ha motivado que la abogada del imputado haya recurrido en apelación ante la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla.

   En el recurso, al que ha tenido acceso Europa Press, la abogada asevera que, "transcurrido más de un año de la imputación de mi cliente, no se ha hecho lo necesario para determinar si ese resultado lesivo que parece ser que se ha dado responde a una conducta delictiva, y si esa conducta delictiva es imputable" a Daniel Gutiérrez, añadiendo que la imputación "se ha demorado tantísimo" en el tiempo que "ello le puede acarrear serios problemas tanto personales como profesionales".

   El imputado "lleva más de un año sin saber nada más y viendo cómo aparece su nombre en prensa, mermando con ello su reputación profesional lograda a base de horas de trabajo realizadas de una manera limpia y acorde con la legalidad vigente", argumenta la abogada en su recurso, en el cual subraya que "le están causando perjuicios a un profesional liberal que vive de su trabajo y cuya profesionalidad se está poniendo en entredicho desde hace un año y tan sólo en base a alegaciones de otros imputados".

   Al hilo de ello, precisa que en las presentes actuaciones "tan sólo constan diversas declaraciones de otros imputados, y tan sólo en una de ellas se menciona directamente" al imputado, "aunque nunca" con su nombre, sino con "Daniel", "un tal Daniel" o similares, mientras que en otras "se alude al despacho para el cual prestó sus servicios como abogado colaborador".

CONCILIACIONES EN EL CMAC

   En este sentido, razona que el imputado "se dedica fundamentalmente al derecho laboral, distando mucho de ser 'experto en prejubilaciones'", añadiendo que "no podemos negar la intervención en procedimientos laborales en nombre de clientes del despacho donde prestaba sus servicios, que no suyo propios, y como tal hemos de reconocer que acudió a conciliaciones en el CMAC, entre ellas las de 24 trabajadores de Surcolor y Surcolor Óptica".

   "Esta es la única relación e intervención que tuvo, nada más", asevera la letrada, que pone de manifiesto que "lo único que se puede imputar de momento a mi representado es su comparecencia como letrado en actos de conciliación ante el CMAC por despidos de trabajadores de una empresa", pero "nada hay que lo relacione personalmente con negociaciones con la Junta, la Delegación Provincial de Empleo, el director general de Trabajo o cualquier otro cargo público, ni con las aseguradoras --Apra Leven o Vitalia--, ni los trabajadores o la empresa".

   Frente a ello, la juez "da por sentado en su auto que tenía mi cliente conocimiento de todo cuanto se hacía en el despacho donde trabajaba, pero ninguna prueba hay que sustente su suposición", agregando que "la declaración de uno de los imputados entendemos que no puede llevar por si sola a la imputación" de su cliente, "máxime cuando, además, no goza dicha declaración de la suficiente consistencia".

LA IMPUTACIÓN "NO ESTÁ NADA CLARA"

   "¿En base a qué se imputa la supuesta comisión de delito alguno a Daniel Gutiérrez?¿en base únicamente a las manifestaciones de un imputado y a sus apreciaciones?¿a las deducciones de la juez de instancia sin prueba alguna que las sustente?", se cuestiona, para aseverar que "no parece del todo ajustado a derecho", pues el imputado "no tiene relación alguna con Lanzas, Guerrero o Rivas", sino que "sólo firma actas de conciliación siguiendo instrucciones de un cliente y de los titulares del despacho, sin tener necesidad u obligación de conocer más datos sobre el mismo".

   Su imputación, por todo ello, "no está nada clara", ya que "nada se ha acreditado con respecto a él y su posible participación en un supuesto fraude" y "lo único existente son indicios que por si solos no deben llevar a mantener la imputación" de un letrado "en ejercicio de intachable trayectoria profesional".