La Junta de Andalucía ha abierto un expediente sancionador por importe de 920.000 euros a la compañía Telefónica Móviles España por cometer, presuntamente, tres infracciones calificadas como 'muy graves' en la Ley de Defensa y Protección de los Consumidores y Usuarios de Andalucía.
Así lo ha anunciado hoy en rueda de prensa en Huelva el vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, precisando que las sanciones son el resultado de las inspecciones realizadas por los servicios provinciales en la campaña de control del sector telecomunicaciones en 2011.
Se trata de un expediente sancionador iniciado por la Delegación del Gobierno en Huelva que detecta tres infracciones a la normativa que se califican como "graves".
La primera de ellas, cuya propuesta de sanción es de 350.000 euros, es por no informar en las condiciones generales del servicio prepago ni en el contrato del coste del servicio de detalle de llamadas y por la falta de indicación de precio en telefonía móvil en la modalidad de contrato.
No atender la solicitud de desconexión de los servicios de mensajería Premium y de llamadas internacionales y no facilitar factura independiente de los servicios de tarificación adicional ni contratos a los usuarios finales en la modalidad de prepago, son las otras dos infracciones por las que se pide una multa de 220.000 euros y 350.000 euros, respectivamente.
La compañía ya fue sancionada en 2011 por el Consejo de Gobierno, con una multa de 440.000 euros, por el cobro indebido del servicio de identificación de llamadas.
Valderas ha recordado que el sector de las telecomunicaciones es uno de los que aglutina mayor número de quejas y reclamaciones, con 7.095 (24 % del total) sobre un total de 29.027 registradas en el periodo de enero de 2012 al 23 de abril de 2013.
La Junta va a desarrollar hasta el próximo mes de octubre un nuevo Plan de Inspección de los Servicios de Telecomunicaciones para comprobar si se cumple la normativa en vigor en cuanto a precios, contratos y la información que se ofrece a las personas consumidoras y usuarias, entre otros aspectos.
Valderas ha informado de que desde la Junta de Andalucía se va a impulsar un mayor nivel de inspección, así como el dar más alcance y celeridad a las sanciones que se imponen sobre la mesa y lograr que el consumidor que haya resultado perjudicado sea resarcido por el causante del daño con una indemnización.
"Vamos a legislar para el resarcimiento de los consumidores" y no sólo en este aspecto también en los relativos a la banca y créditos hipotecarios, algo, esto último, que se prevé vea a luz a finales de mayo principios de junio.
