El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha asegurado que los poderes públicos tienen que trabajar para dotar al sistema judicial de instrumentos que le permitan mediar en situaciones de riesgo o de exclusión social donde confluyan multitud de intereses, con el fin de hacer valer la "integridad" de las personas.
Durante su intervención en una jornada sobre la reforma de la administración de Justicia, celebrada en el Parlamento andaluz, Griñán ha destacado que en el "drama" de los desahucios los jueces han actuado "con contundencia", cuestionando la actual regulación hipotecaria y "amparando a la parte más débil".
El líder del Ejecutivo andaluz, que ha señalado que Andalucía ha optado por legislar en esta materia a través un decreto-ley sobre la función social de la vivienda, ha considerado que no es conveniente encomendar al poder judicial lo que es la tarea de legislar. "Es a los parlamentos y a las fuerzas políticas representadas en los mismos a las que les corresponde esa tarea", ha añadido.
MARGEN DE PROTECCIÓN DEL DEUDOR VULNERABLE
En su opinión, existe un margen de protección del deudor vulnerable que conviene explorar. Y es que, según ha indicado Griñán, la experiencia comparada demuestra que hay un camino que recorrer desde el legislativo, "de forma que no se sitúe el problema en el terreno de la aplicación del derecho, sino en el terreno del derecho mismo".
Tras afirmar que la transformación profunda del sistema judicial es una necesidad sentida por el conjunto de la ciudadanía, Griñán ha advertido de que existe un sentimiento colectivo de malestar social, de angustia, de desigualdad de trato, y de injusticia en la regulación económica". Si bien, ha destacado que la ansiedad por salir de la crisis no debe lleve a perder avances en materia de derechos.
El presidente de la Junta se ha referido durante su intervención a la reforma que atañe al Código Penal. En su opinión, las modificaciones continuas de los textos legislativos básicos "casan mal" con los principios de estabilidad y certidumbre. Así, ha defendido que cualquier modificación debe obedecer a fundadas razones de política criminal y contar con un amplio consenso parlamentario, político y social.
En relación a la tramitación de la reforma del Consejo del Poder Judicial, Griñán ha pedido también el consenso de todas las fuerzas políticas, sociales y del propio poder judicial con el fin de garantizar su independencia y preservar sus funciones. Además, ha considerado que dicha reforma debería avanzar en la implantación de los consejos de justicia autonómicos.
También ha hecho mención a otra reforma que afecta a la estructura judicial como es la relativa a la Ley de demarcación y plantas judiciales. En su opinión, la revisión del actual mapa judicial ha de permitir modernizar y racionalizar los recursos, siendo fundamental el fortalecimiento del sistema de justicia para el pleno desarrollo de la democracia y para el progreso social y económico.
Finalmente, Griñán ha defendido que todos los esfuerzos deben dirigirse a un modelo más "accesible, ágil, eficiente y cercano". Según ha apuntado, Andalucía ya ha abordado iniciativas para mejorar la justicia y en este sentido está desarrollando mecanismos de mediación y arbitraje para hacer más sostenible el sistema. Además, ya está "muy avanzada" la redacción de un decreto para un nuevo modelo organizativo de los tribunales basado en la implantación de una nueva oficina judicial y fiscal.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), Lorenzo del Río, también ha participado en la inauguración de estas jornadas, donde se ha mostrado convencido de que nunca ha existido una conciencia social tan extendida sobre la necesidad de reformar y modernizar la justicia, una reforma "que nunca ha sido objetivo prioritario de la democracia, lo que ha hecho que la justicia haya perdido prestigio en la sociedad".
Tras lamentar que solo se hayan llevado a cabo reformas parciales y coyunturales, el presidente del TSJA ha insistido en la necesidad de llevar a cabo "un auténtico cambio estructural del sistema judicial". Para Del Río, vendría bien una mayor autonomía y capacidad de gestión en aras a que la independencia del poder judicial sea "realmente efectiva" y no quede solo en algo "meramente formal".
Finalmente, el presidente del Parlamento, Manuel Gracia, ha destacado que la percepción que la sociedad tiene de la justicia "no es nada buena", por lo que hace necesaria una reforma en este ámbito. A su juicio, la lentitud y la falta de medios constituyen "el talón de Aquiles" de la Justicia, una Justicia que se requiere "más eficaz y con más medios, y al servicio de una sociedad crítica, exigente y participativa".
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