La juez de Sevilla que investiga los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía ha concluido que el 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas, actualmente en prisión provisional, estaba "empleado" y tenía una relación laboral con el despacho de abogados Estudio Jurídico Villasís, lo que justifica en que "era un personaje de gran influencia en la Junta de Andalucía".
Así se pronuncia la magistrada Mercedes Alaya en sendos autos dictados el pasado mes de marzo, y consultados por Europa Press, en los que confirma la imputación de dos abogados pertenecientes al despacho Estudios Jurídicos Villasís, en concreto Daniel Gutiérrez y Carlos Leal, quien está pendiente de declarar ante la instructora desde hace varias semanas.
En el primero de los autos, la juez rechaza el recurso interpuesto por el letrado de Carlos Leal contra el auto de 5 de junio de 2012 en el que se ampliaba su imputación por la participación que habría tenido en la obtención de la "ilícita" ayuda que se concedió por la Junta para las prejubilaciones de la empresa Río Grande.
Tras aclarar que "no será en este auto, sino en la primera comparecencia judicial, donde al recurrente se le expondrán con precisión y detalle los concretos hechos que se le imputan", la instructora "no tiene inconveniente alguno en desarrollar" su imputación respecto del expediente de Río Grande, según el auto consultado por Europa Press.
Así, recuerda que fue Estudios Jurídicos Villasís, bufete del que Carlos Leal "es socio fundador", quien llevó a cabo toda la tramitación del ERE de Río Grande, tal y como reconoció su dueña, añadiendo que para este despacho "trabajaba además" Juan Lanzas, "a quien se le atribuye un papel de relevancia" en el asunto de esta empresa "hasta el punto que presuntamente se repartió las rentas percibidas por una persona ajena a dicha empresa, introducida fraudulentamente en la póliza, con un comercial de Vitalia".
LANZAS REALIZABA "SERVICIOS DE CAPTACIÓN DE CLIENTES"
En su declaración policial, Lanzas "afirmó que era empleado" desde el año 2003 de este despacho, "y por consiguiente a las órdenes" del imputado, realizando "servicios de captación de clientes", aseverando la juez que la motivación de esta relación laboral "podía ser obvia, ya que según se deduce de las actuaciones Lanzas era un personaje de gran influencia en la Junta, y Estudios Jurídicos Villasís era uno de los bufetes de cabecera con los que trabajó la Junta en este tipo de procesos".
Por ello, "parece lógico" que Leal "conociera las ventajas o promesas ofrecidas por Lanzas al empresario, como el abono de las prejubilaciones por la Junta", punto en el que asevera que la función de Estudios Jurídicos Villasís "no se limitó a la gestión del ERE, sino que se extendería a todo el proceso de las prejubilaciones", aunque todo ello "comanditado" por el 'conseguidor'.
A juicio de la magistrada, Carlos Leal "no sólo conocería a través de sus influencias personales y de su empleado, Juan Lanzas, la financiación por parte de la Junta de las prejubilaciones de los trabajadores afectados por el ERE de Río Grande, aún a sabiendas de que esta ayuda pública no obedecía a un interés público o a un fin social, sino que para recibir esta subvención, que ascendió a 1,5 millones, no hubo de efectuarse ninguna solicitud formal a la Consejería de Empleo, participando así el recurrente en el uso arbitrario de fondos públicos".
"FRAUDULENTA CONTRATACIÓN"
A Leal "también se le imputa que conociera la fraudulenta contratación" de María José de la Rosa como empleada de la empresa cuando tenía 64 años de edad, faltándole tres meses para cumplir los 65 y "careciendo de experiencia en la actividad de restauración".
La juez opina que "no carece de lógica la hipótesis criminal" de que la 'intrusa' "no trabajara realmente en la empresa y se la contratara falsamente siguiendo un plan preconcebido, con el propósito bien de favorecer a esta señora con una renta mensual de 1.100 euros, o de que esta renta sirviera" para "repartírsela entre otros intervinientes en el expediente", como "parece que ocurrió con Carmen Fontela".
En relación a esta 'intrusa', la juez señala que, "a priori, no puede descartarse la participación del recurrente sin profundizar en la investigación, en la medida que Lanzas era empleado" suyo "y pudo ser informado por él de que iba a cobrar parte de sus honorarios de esa forma". Por ello, "resulta clara la necesidad de mantener" la imputación del letrado, "por estos hechos y por los que en un futuro puedan surgir de la práctica de diligencias policiales y judiciales".
RIVAS, "ACTIVO PROMOTOR" EN LA FINANCIACIÓN DE LA PÓLIZA EN SURCOLOR
En un segundo auto, la magistrada rechaza el recurso de la defensa del abogado Daniel Gutiérrez contra el auto de 27 de enero de 2012 en el que se le imputó, aseverando que el imputado "ha reconocido su relación con los despidos de los trabajadores de Surcolor" y "no ha negado su vinculación con Estudios Jurídicos Villasís, bufete que se encargaría de gestionar los despidos y las prejubilaciones subsiguientes, así como de las negociaciones con la Junta para su financiación, labor que realizaría junto a Lanzas".
A ello se suma que "resultaría, al igual que Carlos Leal, presunto conocedor, consentidor y cooperador de la inclusión de los dos intrusos en la póliza, los cuales eran indiciariamente del entorno" del exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, "activo promotor en la financiación de la póliza por parte de la Junta".
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