Me han quitado de uno de los placeres que mantenía desde hace años: fumar un cigarrillo después de la comida en Bar-Casa Miguel. En un diario digital leo que, a partir de ahora, llamarse Lenin en España también está prohibido. Leñe, qué afán represor, qué ansia censora, qué vocación prohibicionista. No me extraña que dentro de poco esté prohibido cocinar una buena lubina al horno bajo el peregrino pretexto de que el humo que desprende es perjudicial para el medio ambiente.
Los nuevos censores velan -de forma desinteresada, faltaría más- por nuestra salud, reparten certificados de buena conducta, y hasta recomiendan a quién hay que otorgarle un premio literario.
En Jaén, el ganador de la 22 edición del Premio de Literatura para Escritores Noveles de la Diputación había sido el escritor Javier Ochoa. Pero hete aquí que a la institución provincial no le ha gustado el título de la obra, ‘Nunca te quise tanto como para no matarte’, y la ha calificado de sexista. ¿Y cómo cree usted que ha resuelto la polémica la docta casa? La ha mandado a la Comisión de Igualdad -usted me entiende: gente muy preparada e imparcial, je, je- que ha dictaminado sin sonrojarse que el texto “falta al derecho a la igualdad por razones de sexo”. Hombre, yo diría más: la controversia no puede quedarse ahí. Ahora falta que aparezca una abogada feminista resentida y mande al trullo al autor, y no contenta la letrada con el daño causado debe recomendar a las editoriales que no publiquen la obra.
Qué se habrá creído el descarado escritor, el tal Javier Ochoa: este es un país moderno, con sus leyes y sus comisiones. Y una recomendación, señor Ochoa: no recurra usted la determinación adoptada por la Diputación Provincial. Perderá el tiempo, gastará el dinero en abogados, y el sambenito de machista es una mancha que no se la quita a usted ni Mister Proper.
Estimado Javier, ahora en serio. Estos pavos reconvertidos en políticos de tercera fila -la soberbia es atrevida- hoy anulan la concesión de un premio literario y mañana prohíben degustar una buena lubina al horno.
Para ello cuentan con su artillería pesada: comisiones, subcomisiones, servicios jurídicos... Eso sí, todo pagado con dinero público. Así cualquiera.
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