El presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, ha defendido la "sensibilidad" del decreto ley de función social de la vivienda aprobado este martes por el Gobierno andaluz, al tiempo que ha insistido en el diálogo para que "el Gobierno extienda esta decisión a todas las comunidades autónomas", por ejemplo incorporando estas medidas a la Iniciativa Legislativa Popular (ILP) contra los desahucios, porque "si todos tenemos la sensibilidad de saber que hay que atender siempre a los más débiles, podemos llegar a un entendimiento".
En una entrevista concedida al programa de Telecinco 'El Gran Debate' este sábado, Griñán ha subrayado la contradicción de que haya miles de viviendas vacías al mismo tiempo que "en Andalucía, como en el resto de España, hay miles de personas que no pueden acceder a una vivienda" y otras que están en riesgo de perder la suya.
En este sentido, ha destacado que el decreto de función social de la vivienda pretende promover "que muchos puedan llegar a acceder a una vivienda, facilitando al alquiler" y además "solucionar el problema más grave" de exclusión social de las personas en riesgo de ser desahuciadas.
"Se trata de que aquellos que tienen una vivienda y aquellos que la quieren se pongan de acuerdo en un contrato de arrendamiento", ha dicho el presidente de la Junta, que ha considerado que esta norma induce "una forma de actuación que puede solucionar un problema gravísimo para la población española".
Además, Griñán ha vuelto a defender el encaje constitucional del decreto por la "esclarecedora" sentencia del Tribunal Constitucional de 1987 respecto a la reforma agraria andaluza, que "dejó claro que la propiedad no es un derecho ilimitado, sino que debe cumplir una función social" y por ello "la expropiación de uso, cuando se trata de un bien que no ha cumplido su función social, es plenamente constitucional".
El también presidente del PSOE ha explicado que el decreto se dirige "a entidades financieras e inmobiliarias que tienen pisos terminados, que pueden ser habitados ya y que sin embargo están vacíos". De esta forma, Griñán ha detallado que se trata de facilitar el alquiler de viviendas a través de incentivos a las personas físicas propietarias de viviendas vacías y de sanciones a las instituciones que posean inmuebles deshabitados si, transcurrido un periodo razonable, no los arriendan.
Asimismo, el decreto aborda, según ha explicado Griñán, la situación de las "personas que al perder su vivienda, al ser desahuciadas, se van a ver sumidas en una situación de pobreza y de exclusión social", facilitándoles, según ha indicado el presidente, el uso de su vivienda durante tres años a cambio de un arrendamiento que no superará el 25 por ciento de sus ingresos.
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