El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 7 de Sevilla ha desestimado el recurso planteado por el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta, Francisco Javier Guerrero, contra la decisión del Ejecutivo andaluz de decretar su suspensión provisional de funciones como funcionario por su imputación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta, por el que actualmente permanece ingresado en prisión.
En una sentencia dictada el pasado 5 de abril, dicho órgano judicial avala la decisión adoptada en enero de 2012 por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública de la Junta, que concedía a Guerrero el reingreso al servicio activo y simultáneamente le declaraba en suspensión provisional de funciones sin asignación de puesto ni derechos económicos, por considerar que el exdirector general de Trabajo "no cumple las condiciones para desempeñar las funciones correspondientes a un puesto de trabajo que se le asignara" al encontrarse imputado por el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla y actualmente en prisión.
Según han informado a Europa Press fuentes de la Junta, la sentencia considera que la resolución dictada en su día por la Dirección General de Recursos Humanos y Función Pública "motiva suficientemente la medida de suspensión provisional de funciones" y subraya que la administración autonómica "actuó conforme a derecho", por lo que desestima íntegramente la demanda de Guerrero y le condena al pago de las costas.
La Junta decidió en enero de 2012 suspender el reingreso como funcionario de Guerrero, que había solicitado su reincorporación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), como "medida cautelar proporcionada a la naturaleza de los delitos que se le imputan" en la investigación judicial del caso ERE "y las circunstancias en que presuntamente se han cometido".
POR "NECESIDAD PERENTORIA" DE SU FAMILIA
El exdirector general defendió entonces, en declaraciones a Europa Press, que no solicitaba su reincorporación al Servicio Andaluz de Empleo (SAE) por una "chulería", sino por "una necesidad perentoria" ante las dificultades económicas de su familia.
Con posterioridad, en concreto el pasado mes de marzo, Guerrero elevó un escrito ante la Dirección General de Función Pública de la Junta de Andalucía para reclamar a la administración autonómica los 24.750 euros que considera que le "corresponden" como funcionario del SAE pese a estar suspendido cautelarmente en sus funciones desde el mes de enero de 2012 debido a su imputación judicial.
El abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, argumentó entonces que la Ley estipula que todo funcionario suspendido cautelarmente "tendrá derecho a percibir el 75 por ciento de su sueldo, trienios y pagas extraordinarias", algo que en su caso "no se ha producido" y que alcanza los 24.750 euros, y advirtió a la Junta de que, de no atender su petición, emprenderá acciones legales contra la Administración al entender que podría estar incurriendo en un posible delito de prevaricación.
