La dirección del PSOE andaluz mantiene "en estos momentos" las responsabilidades políticas en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta en el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social, Francisco Javier Guerrero, --actualmente en prisión por este caso-- en línea con lo fijado el pasado mes de noviembre en su propuesta de dictamen para la comisión de investigación constituida en el Parlamento andaluz.
Así lo ha asegurado este viernes en rueda de prensa en La Línea de la Concepción (Cádiz) el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, después de que la consejera de Hacienda y Administración Pública, Carmen Martínez Aguayo, haya manifestado en una entrevista en Canal Sur Televisión que considera que los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera --actual diputado del PSOE en el Congreso-- y Antonio Fernández --ya imputado en el caso-- "tienen responsabilidad política, sin duda, porque son los responsables de esa consejería durante ese tiempo".
A preguntas de los periodistas, Cornejo ha señalado que "el PSOE-A tiene una posición" sobre las responsabilidades políticas en el caso ERE "que es la que fue fijada en la comisión de investigación", si bien ha apuntado que "si se producen modificaciones o avances en las investigaciones y se tuviesen que adoptar nuevas responsabilidades así lo haría". No obstante, ha querido dejar claro que "en estos momentos la posición está fijada con lo dicho en la comisión de investigación".
EL DICTAMEN DEL PSOE-A EN NOVIEMBRE
Las conclusiones elaboradas por el PSOE-A para la comisión de investigación parlamentaria sobre el caso ERE situaban en la Dirección General de Trabajo y Seguridad Social de la Junta la responsabilidad del caso, ya que era el órgano con la "atribución exclusiva para la concesión de las ayudas", y consideraban acreditado un uso "indebido" del procedimiento de concesión de ayudas por parte de dicha dirección general, concretamente, por parte de su titular en los años 2011 a 2008, que era Francisco Javier Guerrero.
El portavoz del grupo socialista en el Parlamento, Francisco Álvarez de la Chica, ha manifestado al registrar las conclusiones que el PSOE-A estaba totalmente opuesto a situar la responsabilidad política en los exconsejeros de Empleo José Antonio Viera y Antonio Fernández, --como planteaba IULV-CA, su actual socio en el Gobierno andaluz-- "porque en absoluto se ha situado de forma nítida y clara durante los trabajos de la comisión".
Para el PSOE-A, es la Dirección General de Trabajo el órgano "responsable" para la concesión de las ayudas, "sin que quepa extender más allá de dicho órgano administrativo la responsabilidad", según indicaba el Grupo Socialista en el amplio documento de conclusiones, de 69 páginas, en el que defendía que no puede concluirse, de ningún modo, que todo aquel que tramitara, gestionara o de algún modo participara en cualquiera de los innumerables actos conectados con la aplicación del procedimiento y la ejecución del programa 31L (ayudas sociolaborales), por su solo conocimiento, "sea responsable del mal uso que en determinados casos se hizo del mismo".