El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, ha anunciado este viernes que el sindicato reabrirá la comisión de investigación interna sobre el caso de los ERE fraudulentos a la vista de los nuevos datos del caso y, tras señalar que tiene la "certeza" de que el sindicato no forma parte de ninguna red de corrupción sobre este asunto, ha indicado que los servicios jurídicos de CCOO estudiarán si se presentan en el caso como acusación particular.

   En una rueda de prensa en Madrid con motivo de la Comisión Ejecutiva Confederal que tuvo lugar este jueves, el responsable de CCOO ha defendido la reapertura de la comisión señalando que si bien de la investigación, que se inició hace un año, no se desprendieron indicios de "actuaciones ilegítimas practicadas por personas u organizaciones de CCOO", ahora los nuevos autos judiciales apuntan "nuevos elementos que deben ser considerados".

   Toxo se ha mostrado convencido de que con los datos disponibles "no pueden derivarse actuaciones de actuaciones ilegítimas por parte del sindicato", pero ha añadido que quiere "conocer toda la parte" y, preguntado por si pondría la mano en el fuego por los responsables del sindicato, ha dicho que tiene "confianza en la organización de Andalucía" pero también 60 años y, por ello, hace tiempo que dejó de "poner la mano en el fuego por nadie".

   En cualquier caso ha insistido que si bien hay indicios de una red que ha actuado "en paralelo" a la gestión de los ERE en ella "no está implicada ni persona alguna ni red alguna de Comisiones Obreras". "Espero y estoy convencido de que tiene que ser así, lo contrario sería una sorpresa", ha añadido.

   El líder sindical ha detallado que CCOO recabará de nuevo del conjunto de la organización y de las personas que han intervenido en los ERE todos los datos relativos a esa participación para así poder "dar cuenta pública" de las actuaciones.

   Además, ha dicho que se hará "a la mayor brevedad posible" y se dará cuenta de las actividades de la organización en los procesos, de los instrumentos y medios empleados, de la facturación que, en su caso, se realizase, de los efectos legales y sobre las personas o de la repercusión fiscal de la intervención de los sindicatos en los expedientes.

   Toxo ha señalado que la comisión estará abierta "el tiempo que sea necesario e independientemente de que se vayan sustanciando elementos que puedan afectar a personas del sindicatos" y ha adelantado que si se deducen responsabilidades individuales o colectivas se adoptarán las "decisiones internas que correspondan".

   Asimismo, tras incidir en que se recabará con la "máxima celeridad" la información necesaria para evitar el "profundo daño que esto está haciendo", se ha puesto a disposición de la investigación judicial y ha dicho que el "descrédito" que las organizaciones sindicales están sufriendo por este asunto "no es tolerable" por lo que es "imprescindible que se dé celeridad".

   En cualquier caso, no ha querido hacer "victimismo" de la situación y ha rechazado que "forme parte de una gran conspiración" pero ha reiterado que "todo tiene que aclararse".

   El líder de CCOO ha trasladado que esta misma semana ha mantenido una reunión con los máximos responsables del sindicato, que comparten "preocupación" sobre este asunto y que le han trasladado una "gran disposición para cooperar en el esclarecimiento de toda esta situación".

   Por otra parte, ha resaltado el papel de los sindicatos en las tramitaciones de los expedientes de regulación de empleo destacando que son las empresas las que los ponen en marcha mientras que a las organizaciones sindicales les corresponde, "no solo de forma legítima sino obligada" intervenir para conservar el empleo o, si la pérdida es inevitable, para aspectos como reducir su impacto, minimizar el volumen de personas afectadas o garantizar las prestaciones.

   En ese sentido, ha defendido la intervención en la gestión de sindicalistas y de toda una serie de personas especializadas, como abogados, economistas o administrativos que dan cobertura a los trabajadores y ha dicho no entender que no se cuestione la participación de los bufetes de abogados que representan a las empresas pero sí la legitimidad de los de los sindicatos.

   "Hay una gestión tremendamente especializada, que es imposible que pueda hacer el sindicalista ya que se necesita de un solido asesoramiento y esto comporta una serie de gastos que tienen que ser retribuidos", ha añadido.