El abogado del 'conseguidor' de los ERE y exsindicalista de UGT Juan Lanzas ha recurrido el auto de ingreso en prisión dictado por la juez Mercedes Alaya, que investiga la causa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, según han informado a Europa Press fuentes del caso.
Las mismas fuentes consultadas han indicado que ha sido este mismo martes --fecha en la que expiraba el plazo-- cuando el letrado de Juan Lanzas, Pablo Luna, ha presentado un escrito en el que recurre directamente en apelación ante la Audiencia Provincial de Sevilla la decisión de la magistrada de Instrucción número 6 de mandar a prisión a su cliente.
Fue el pasado día 22 de marzo cuando la juez Mercedes Alaya ordenó el ingreso en la cárcel de Sevilla-I de Juan Lanzas por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, falsedad en documento mercantil, blanqueo de capitales y de cohecho, así como supuestos delitos de asociación ilícita y tráfico de influencias.
La juez entiende que existe un "evidente" riesgo de fuga y de que pueda "manipular" los medios de prueba, así como de que "pueda hacer desaparecer dinero, documentación, o cualquier cosa de interés para la causa al existir todavía una entrada y registro pendiente de ejecutar en su entorno".
En el auto, la juez hace mención a las "relaciones" entre la conocida familia de empresarios Ruiz Mateos y el exsindicalista Juan Lanzas, a quien atribuye un "exagerado enriquecimiento" de más de 13 millones de euros gracias principalmente a las sobrecomisiones del 20 o incluso 29 por ciento conectadas con el coste final de las pólizas de seguro de rentas pagadas con la citada partida. Estas sobrecomisiones, según la juez, fueron el "alimento" del que se nutrían todas las partes de la trama.
Juan Lanzas fue llamado a declarar, junto a otras ocho personas ya imputadas en la causa, dentro de la operación 'Heracles' desarrollada por la Guardia Civil de forma simultánea en siete provincias españolas por el supuesto cobro de 'sobrecomisiones' por parte de las mediadoras que gestionaron las pólizas de prejubilación relacionadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE).
De estas nueve personas, tres de ellas ingresaron en prisión, como son el propio Lanzas, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta Francisco Javier Guerrero --cuyo abogado ha pedido su libertad antes de renunciar a su defensa--, y el exdirectivo de Vitalia Antonio Albarracín, quien también ha pedido su puesta en libertad.
Asimismo, la juez dejó en libertad con cargos a Juan Francisco Trujillo, exchófer de Guerrero, a Patrocinio Sierra, esposa de Lanzas, y al extrabajador de Vitalia Jesús Bordallo, mientras que en los próximos días tiene previsto tomar declaración al abogado Carlos Leal, de Estudios Jurídicos Villasís, y al administrador de Uniter, José González Mata.
En el marco de esta operación, asimismo, fueron detenidas 22 personas, aunque sólo ocho pasaron a disposición de la juez, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellas, como son el cuñado de Lanzas, Ismael Sierra --en libertad tras pagar una fianza de 50.000 euros--, los exdirectivos de Vitalia Eduardo Pascual y María Vaqué, y Eduardo Leal, uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a pólizas de prejubilaciones vinculadas con ERE financiados por la Junta, quien también podrá abandonar la prisión si paga una fianza de 50.000 euros.
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