La Fiscalía de Sevilla asegura que la Ley previene el maltrato y no tiene efectos "perversos"

La Fiscalía de Sevilla, que dirige María José Segarra, aseguró ayer que la Ley Integral contra la Violencia de Género "no produce ni ha producido un efecto perverso", como sostiene el juez Francisco Serrano, y, por el contrario, ha resultado "eficaz" para combatir e incluso prevenir el fenómeno.

En un comunicado, la Fiscalía sostiene que "el posible incremento de las denuncias por malos tratos no responden a que la ley genere más violencia", sino a que la sociedad esta tomando conciencia de la "tolerancia cero" ante tales comportamientos. "La postura ante las conductas violentas en el seno de las relaciones afectivas de pareja debe ser de tolerancia cero, pues sostener una opinión contraria supone desconocer el ciclo de la violencia de género", reza el comunicado.

"Es cierto que debemos analizar la magnitud de este fenómeno en todos sus ámbitos para comprender su evolución y evaluar de forma más rigurosa las distintas políticas públicas encaminadas a proteger a estas victimas con el fin de proponer nuevas medidas y adoptar aquellas otras que permitan corregir las disfunciones y los errores cometidos para actuar de forma más eficaz y eficiente contra este tipo de violencia", consideró Segarra.

Segarra responde así a las declaraciones del juez de Familia 7, Francisco Serrano, quien en una entrevista con Efe denunció que la Ley contra la Violencia de Género es injusta, "perversa", y genera violencia donde antes no la había.

La fiscal jefe sostuvo igualmente que los jueces acuerden el archivo de un procedimiento penal seguido por malos tratos o que un órgano sentenciador dicte una sentencia absolutoria cuando la mujer no ratifica su denuncia policial o cuando se acoge a su derecho a no declarar contra su cónyuge "no presupone que estemos ante una denuncia falsa, sino que obedece a que la mujer en unas ocasiones presionada por sus circunstancias decide hacer primar que continúe su 'status' familiar en detrimento de su propia seguridad, en la falsa creencia que así beneficia a sus hijos menores o núcleo familiar".

En ese sentido interpreta Segarra la muerte en Sevilla de la última víctima mortal de la violencia machista, Cristina M. R, que "no ratificó su denuncia ante el juzgado y, ante la absoluta falta de pruebas, se archivó el procedimiento".

La Fiscalía recoge que a lo largo de 2008 hubo cien retiradas de acusación en otros tantos juicios y de ellas 86 lo fueron porque la víctima se acogió a su derecho a no declarar contra su marido y tan solo 14 por falta de pruebas suficientes.

Respecto a la denuncia de Serrano de que, una vez denunciado y absuelto por violencia de género el hombre queda "estigmatizado" y se ve obligado a que su proceso de divorcio continúe en el Juzgado de Violencia en lugar del de Familia, la nota dice que el objeto de tal medida es "simplemente no dilatar mas el procedimiento".

Además, "dada la frecuencia de la reiteración de estas conductas", se producirían continuas inhibiciones de estos procesos, de los Juzgados de Violencia a los de Familia y viceversa, según la Fiscalía.