Unánime respaldo del Pleno a la nueva Ley de Mediación Familiar

El pleno del Parlamento aprobó ayer, con el respaldo de todos los grupos, el proyecto de ley de la Mediación Familiar en Andalucía, que regula un procedimiento extrajudicial para la resolución de conflictos entre miembros de una familia y que no se aplicará a casos de violencia o maltrato.

La nueva ley nace de la experiencia de diferentes programas de mediación, entre ellos el andaluz iniciado en 2001, que incide en la importancia de crear mecanismos desde las administraciones para ayudar a resolver los conflictos familiares antes de que acaben en los juzgados.

Esta norma establece quién puede solicitar la mediación y qué conflictos pueden entrar en su ámbito, quedando expresamente excluídas las situaciones en los que exista maltrato o violencia, así como el régimen sancionador por el incumplimiento de los deberes que corresponden a los profesionales mediadores en el ejercicio de sus funciones.

Podrán solicitar voluntariamente la mediación personas casadas, parejas de hecho, parejas sin vínculo legal pero con hijos comunes y familiares hasta el tercer grado de consanguinidad, además de personas adoptadas o acogidas y sus familias biológicas, adoptivas o acogedoras, y también las que ejerzan la tutela sobre menores y sobre personas con discapacidad intelectual.

El procedimiento no supondrá ningún coste para quienes cumplan los requisitos que actualmente rigen en la asistencia jurídica gratuita, y en el resto de los casos, se abonarán las tarifas que se establezcan reglamentariamente.

La futura Ley de Aguas

Por otra parte, el PP acudirá a los tribunales si la nueva política de precios del agua, planteada en el Pacto Andaluz por el Agua y prevista en la futura ley, supone una subida "indiscriminada" de las tarifas, mientras que la Junta mantiene este camino para ser más eficiente, sostenible y mejorar el servicio.

La consejera de Medio Ambiente, Cinta Castillo, que compareció para informar sobre el Pacto Andaluz por el Agua, apostó por impulsar una adecuada política de precios para gravar el uso del agua, no sólo para ser más eficiente y sostenible, sino para prestar un servicio de mayor calidad a los andaluces.

La futura Ley, que según Castillo se aprobará en esta legislatura, se basará en una modernización del régimen económico y financiero del agua para garantizar los principios de equidad, eficiencia, calidad, responsabilidad medioambiental y transparencia, así como para incorporar el criterio de recuperación de costes, previsto en la legislación comunitaria.

Para ello, todos los usuarios deberán contribuir a la financiación de los gastos de gestión del agua de forma equitativa y proporcional a los servicios recibidos, con fórmulas como la facturación por consumo en lugar de por superficie.

Por su parte, la diputada del PP Carolina González Vigo aseguró que los populares dirán "una y mil veces sí" al pacto y a la futura ley siempre y cuando se respete a los ciudadanos, se fomente la solidaridad entre ellos y no se suba "indiscriminadamente" las tarifas porque "sólo faltaba una subida así" para los más de 850.000 parados andaluces.

"El PP recurrirá a los tribunales si sólo se busca impulsar una subida indiscriminada del agua", advirtió González Vigo, quien además demandó que estas normas se impulsen desde la "legalidad", respetando "la descentralización, la cercanía y el municipalismo".