La orden de servicio para que se vigilaran los pisos militares de la Ardila partió de una petición por escrito del delegado del Invifas porque en diferentes ocasiones había pedido el auxilio de la Policía para desalojar a personas que rompían puertas y se introducían en los garajes y viviendas, y por parte de Defensa se estaba tramitando en la Gerencia de Urbanismo el derribo de dichos bloques para evitar el peligro de lesiones que pudieran sufrir los indigentes o personas que se introdujeran en las viviendas.
Asimismo aclara que por parte del Invifas se hizo entrega por petición de la Jefatura de unas llaves de la cadena que cierra la entrada de vehículos entre dos columnas por la calle Real, para que los policías locales pudiesen entrar con los vehículos policiales por las calles interiores para inspeccionar todos los bloques sin necesidad de tener que hacerlo a pie.
“Por todo lo expuesto, es de recibo aclarar la información aparecida, puesto que la actuación policial llevada a cabo en dichos bloques militares, ha sido una más de las numerosas actuaciones que realiza esta Policía Local como medida preventiva para el mantenimiento de la Seguridad Ciudadana en esta ciudad, que a pesar de tener una plantilla de Policía Local muy por debajo a los índices que le corresponderían por el número de habitantes, la multiplicación de las actuaciones y el esfuerzo y la profesionalidad de los agentes, hacen que San Fernando siga siendo una de las ciudades donde se producen menos hechos delictivos”, dice la nota.
La denuncia del SPLI se refería a la actuación de los agentes en una “obra privada”. Se da la circunstancia de que el Ministerio de Defensa, del que depende el Invifas, está obligado a contratar a personal de empresas privadas para la vigilancia de las instalaciones que no tienen carácter operativo desde que se instauró el ejército profesional.
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