El juicio previsto para hoy en el Juzgado de lo Penal número 2 de Málaga contra el ex alcalde del municipio malagueño de Gaucín, Francisco Corbacho, el que fuera arquitecto municipal y otros ediles por conceder varias licencias presuntamente en suelo no urbanizable ha sido suspendido para que se realice una prueba, según informaron a Europa Press fuentes judiciales.
Otras fuentes precisaron que una de las defensas había pedido una diligencia en relación a licencias concedidas en dicho Consistorio desde 2003, la cual no se había llevado a cabo. La Fiscalía malagueña solicita para Corbacho 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación para cargo público, al acusarle de un delito continuado contra la ordenación del territorio, por la concesión de diez licencias presuntamente ilegales.
Asimismo, también están acusados del mismo delito continuado el entonces arquitecto municipal, que, según el escrito inicial del fiscal, informó favorablemente a dichos permisos a pesar de saber de que no se cumplían los requisitos; y otras cuatro personas que eran concejales entre 2000 y 2003 y que participaron en la aprobación de dichas licencias en comisiones de Gobierno; mientras que a un ex edil se le juzgará por un solo delito urbanístico.
Según las conclusiones provisionales de la acusación pública, a las que tuvo acceso Europa Press, la primera licencia se pidió para el paraje La Loma del Avendin para la reconstrucción de una vivienda rural y fue aprobada en comisión de gobierno por Corbacho y tres ediles a pesar del informe jurídico del secretario que advertía de requisitos que no se cumplían y de que el suelo era no urbanizable.
En marzo de 2003, la comisión de gobierno aprobó otra licencia solicitada por un extranjero para construir sobre una vivienda ya existente, a pesar de que "no se constató que realmente existiera esa edificación", según el fiscal. En la misma comisión, se dio otro permiso a una pareja extranjera, con un proyecto técnico hecho por la hija del arquitecto acusado, quien informó a favor como en los casos anteriores.
El ministerio público apunta que en agosto de 2003 se otorgó otra licencia, también en suelo no urbanizable, con un informe jurídico en contra, aunque con informe del arquitecto acusado favorable. Otros dos permisos, ambos promovidos por una mercantil, se dieron en octubre de 2003 en una comisión de gobierno en la que la secretaria advirtió de la relación familiar entre la redactora del proyecto y dicho técnico municipal.
Asimismo, se aprobó otra licencia para una piscina pese al informe en contra, aunque el arquitecto técnico "con desprecio de la normativa vigente informó favorablemente a su concesión". El fiscal asegura que el ex alcalde tuvo "absoluto desprecio de las normas administrativas" y concedió otras dos licencias por decreto, en ambos casos con informe favorable del arquitecto a pesar de ser en suelo no urbanizable.
El ex alcalde, que la pasada semana presentó su dimisión como concejal, ya ha sido condenado a 21 meses de suspensión de empleo o cargo público y siete años de inhabilitación especial por un delito continuado de malversación de caudales públicos y por otro de prevaricación, condena ratificada a finales del pasado año por el Tribunal Supremo.
Cuatro de los ediles --de los que tres ocupan aún cargos públicos en el Consistorio-- se enfrentan a la misma petición fiscal que el ex alcalde de 18 meses de prisión y 10 años de inhabilitación para empleo público; mientras que para el ex edil acusado de un sólo delito contra la ordenación del territorio se pide nueve meses de prisión y nueve años de inhabilitación.
