La Fiscalía Anticorrupción se ha opuesto a dejar en libertad a Juan Francisco Algarín Lamela, en prisión provisional desde el pasado día 15 de enero y uno de los presuntos testaferros de las "empresas pantalla" empleadas para introducir en el circuito financiero el dinero procedente de las sobrecomisiones aplicadas a las pólizas de prejubilaciones vinculadas con los expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía.

   En este sentido, fuentes del caso han informado a Europa Press de que, en un escrito visado por el responsable de la Fiscalía Anticorrupción, Antonio Salinas, el Ministerio Público se opone a la petición de libertad planteada por el abogado de Algarín Lamela, quien recurrió el auto de ingreso en prisión alegando que su cliente "no es nadie en la trama", que no existe riesgo de fuga ni de destrucción de pruebas y que ha "colaborado" con la Justicia.

   Al hilo de ello, las mismas fuentes han precisado que Anticorrupción ha pedido que el imputado continúe en la cárcel al entender que "persisten los motivos" por los que, el pasado día 15 de enero, solicitó su ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza, lo que fue ordenado por la juez de adscripción territorial Ana Rosa Curra, que se incorporó a principios de enero como refuerzo al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que investiga el caso de los ERE fraudulentos.

   Concretamente, la juez Ana Rosa Curra el ingreso en prisión provisional de Juan Francisco Algarín, de 48 años de edad, por los presuntos delitos de cohecho, malversación de caudales públicos, falsedad documental, asociación ilícita y blanqueo de capitales.

   La Fiscalía Anticorrupción entiende que la puesta en libertad de este presunto 'testaferro' podría interferir en la investigación que actualmente lleva a cabo la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, investigación de la que nada ha trascendido hasta el momento al encontrarse esta parte del caso bajo secreto de sumario, secreto que expira la próxima semana.

LA INVESTIGACIÓN DE LA UCO

   Antes de decretarse el secreto sumarial de las actuaciones, la UCO remitió al Juzgado que investiga los ERE fraudulentos un oficio en el que señalaba que Juan Francisco Algarín, que figuraba como administrador solidario de la empresa 'Distripack Transporte Urgente S.L.', habría cobrado entre marzo de 2004 y enero de 2007 un total de 12 cheques por valor de 362.500 euros.

   Tras ser detenido, declaró ante los agentes de la UCO que "llevó personalmente sobres con dinero desde Mercasevilla y bares próximos a la Consejería de Empleo hasta una cafetería localizada en los bajos de la Delegación Provincial de Empleo".

   Asimismo, puso de manifiesto que el dinero en Mercasevilla se lo entregaban el exdirectivo de la lonja Daniel Ponce y la funcionaria Regla Pereira, ambos procesados y enjuiciados por solicitar una 'mordida' de 450.000 euros a los empresarios del Grupo La Raza como condición para gestionar la escuela de hostelería de la lonja, que había sido subvencionada con 900.000 euros por la Consejería de Empleo, aunque Pereira fue finalmente absuelta.

COHECHO, BLANQUEO, FALSEDAD DOCUMENTAL....

   De igual modo, el imputado aseguró en su declaración ante los agentes de la UCO que, en algunas ocasiones, en lugar de llevar sobres "llevaba fundas de ordenadores portátiles con billetes de 500 y 200 euros" en su interior, y que incluso en una ocasión se trasladó hasta Madrid para entregarle dinero "en persona" a Antonio José Albarracín, que fuera director general de la mediadora Vitalia.

   Por otro lado, el pasado viernes, y en el transcurso del pleno del Ayuntamiento de Sevilla, el sexto teniente de alcalde y presidente de la sociedad gestora del mercado central de abastos, Gregorio Serrano, anunció que Mercasevilla elevará al Juzgado varias facturas cargadas al mercado central por Algarín, ya que no median "albaranes de entrega" del material en cuestión y podría tratarse de "facturas falsas por materiales que nunca llegaron a Mercasevilla".

ALGARÍN CARGÓ A MERCASEVILLA FACTURAS POR 100.000 KILOS DE PINTURA

   Serrano explicó que una "investigación interna" promovida en el seno de la sociedad gestora del mercado central ha puesto de relieve la existencia de varias facturas, --al menos cinco--, fechadas entre 2004 y 2005 y relativas al suministro de materiales de "pintura y revestimientos" valorados en aproximadamente 300.000 euros que Juan Francisco Algarín cargó a Mercasevilla y que, en efecto, "pagó" la sociedad gestora del mercado central.

   Según subrayó Serrano, con relación a estas facturas "no existen albaranes de entrega" del material en cuestión y, tras una consulta con los técnicos de Mercasevilla, "nadie conoce semejante compra". Al respecto, Serrano aseguró que el material aludido en las facturas correspondería a cerca de "100.000 kilos" de pintura, lo bastante como para que hiciesen falta "cuatro camiones trailer" para transportarla hasta Mercasevilla, donde por cierto "no se ha pintado nada".