Andalucía

Una testigo denuncia "presiones" de la Policía para incriminar a los procesados

Robo de droga en la jefatura de Sevilla

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La testigo protegido se ha retractado este miércoles de su versión inicial y ha asegurado que los agentes de la Policía que le tomaron declaración "le amenazaron con meterla en la cárcel" y le "presionaron" para que ofreciera la versión "que ellos querían" en cuanto a la presunta implicación de los acusados del robo de 154 kilogramos de cocaína y heroína de los calabozos de la Jefatura Superior de Policía en Sevilla. 

   En la jornada de este martes, una policía de Huelva aseguró que la testigo protegido le confesó en una conversación informal que era vecina de dos de los acusados por el robo, en concreto de Manuel A.S. y de María Violeta S.G., y que ésta le había dicho que su marido "y un compinche" que era policía --en referencia al exagente de la Udyco Lars S.M.-- estaban "metidos en lo de la droga de Sevilla" junto a una abogada, pareja del exagente, "que lo controlaba todo".

   La declaración de la testigo protegido se ha desarrollado a puerta cerrada en la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Sevilla y, a su término, varios abogados personados en la causa han informado a los periodistas de que la testigo ha asegurado que "no se acuerda" de lo que le dijo a esta policía, ya que "ha pasado mucho tiempo", añadiendo que Violeta "sólo le dijo que su marido estaba siendo investigado y que tenían un problema".

   Asimismo, y según estas mismas fuentes, la testigo protegido ha dicho que la versión ofrecida en sede policial, y que coincidía con la dada a la agente de Huelva, "es mentira", y que la hizo "presionada" por los agentes que le interrogaron, quienes incluso "la amenazaron con meterla en la cárcel si no decía lo que ellos querían".

   En el juicio están acusados Lars S.M., para quien el fiscal pide 18 años y medio de cárcel y nueve millones de multa, mientras que su esposa, María Teresa M.S., se enfrenta a cinco años de cárcel y multa de tres millones de euros por un supuesto delito de blanqueo de capitales. De su lado, el presunto cómplice y su mujer se enfrentan a 17 años de prisión y una multa de nueve millones de euros.

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