La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, se ha comprometido a hacer un seguimiento "mes a mes" de la entrega de llaves del Fondo Social de Viviendas a las familias que se hayan visto afectadas por desahucios.
Esta tarde se ha firmado el convenio de constitución del Fondo, que estará compuesto por un total de 5.891 viviendas aportadas por las 33 entidades que han rubricado el acuerdo y que podrán ser alquiladas por dos años con rentas que oscilarán entre los 150 y los 400 euros al mes, con un límite máximo del 30% de los ingresos netos totales de la unidad familiar.
Los solicitantes de estas viviendas han de ser familias en situación de especial vulnerabilidad que hayan sido desalojadas de sus hogares después de 1 de enero de 2008.
La puesta en marcha de este fondo social de viviendas da cumplimiento a la encomienda al Gobierno incluida en el Real Decreto-ley 27/2012 sobre medidas urgentes para reforzar la protección de deudores hipotecarios. Cada entidad de crédito constituirá su propio fondo con un número inicial de viviendas, aunque podrán ampliarlo.
Las viviendas serán ofrecidas a las familias que hayan sido desalojadas de su vivienda por el impago de un préstamo hipotecario de la misma entidad propietaria del fondo.
Sáenz de Santamaría ha subrayado que el esfuerzo que están haciendo las entidades financieras con la cesión de las viviendas "no es excesivo", sino "solidario y conjunto" en un país "que quiere que las familias y los más pequeños se críen en un hogar que les haga sentir la cobertura de un Estado y de un Gobierno".
Para la vicepresenta, el convenio recoge el "derecho a fracasar y a hacer una inversión equivocada, a perder un sueldo, pero no a haber perdido una vida".
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