El nuevo registro, previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal como parte del proceso de modernización del sistema de registros administrativos, ofrecerá información sobre la existencia de órdenes en vigor de busca y captura o de detención y puesta a disposición y sobre la peligrosidad del imputado.
Su puesta en funcionamiento contribuirá a prevenir la especial reincidencia de los agresores sexuales, según el Gobierno, que ha señalado que una de sus principales novedades es que reflejará la condición de menor de edad de las víctimas.
El real decreto aprobado ayer regula el Sistema de Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, que estará integrado por las bases de datos de los registros de Penados, Víctimas de la Violencia Doméstica, Medidas Cautelares, Requisitorias y Sentencias No Firmes, Rebeldes Civiles y Sentencias de Responsabilidad Penal de los Menores.
Al de medidas cautelares tendrán acceso los órganos judiciales, la Fiscalía, la Policía y la Guardia Civil, que dispondrán de más elementos de juicio a la hora de ponderar sus resoluciones en las distintas fases del proceso penal.
Los jueces, en especial, podrán valorar la existencia de riesgo de fuga en las resoluciones en las que decidan sobre la prisión o libertad provisional del imputado.
De los cinco registros mencionados, que integrarán el Sistema de Apoyo a la Administración de Justicia, los primeros en estar interconectados serán el aprobado hoy y el de Protección de las Víctimas de la Violencia Doméstica, mientras que el resto se incluirá posteriormente para formar un único sistema de información.
Hace unos días entró en funcionamiento la nueva aplicación informática del Registro Central de Penados, con lo que todos los registros están ya preparados para su futura interconexión.
El coste de la aplicación informática del Registro de Medidas Cautelares es de 400.000 euros, mientras que para la integración total de todas las bases de datos de los distintos Registros de Apoyo a la Administración de Justicia en un único sistema de información se invertirán otros 400.000 euros. A estas cantidades hay que sumar 144.000 euros para la puesta en marcha de la infraestructura de máquinas necesaria.
Reacción de Juan José Cortés
Tras la aprobación de estas medidas, el padre de Mari Luz, Juan José Cortés, indicó que es "la primera piedra del nuevo sistema" judicial, apuntando que el Gobierno central ha hecho frente a una "necesidad urgente", así como valoró que "en pleno siglo XXI era necesaria una reforma de la Justicia".
Según valoró Cortés, esta medida, que permitirá a todos los juzgados consultar los antecedentes o condenas pendientes que una persona tenga en cualquier juzgado, "va a ser importantísima por todas las medidas que van a contribuir a remodelar el sistema" y aseguró que aún se necesitan otros cambios.
Entre ellos, el padre de Mari Luz apuntó que es necesario interconectar a todos los juzgados de España, así como el endurecimiento de las penas y "que se empiece a plantear la cadena perpetua como medida de seguridad a ciudadanos que no se pueden reinsertar en la sociedad por el peligro de que vuelvan a cometer el mismo delito".
Además, Juan José Cortés subrayó que "es necesaria una reforma de las medidas disciplinarias a los jueces, tras lo sucedido con el juez Rafael Tirado, porque parece que ellos pueden equivocarse sin que después pase nada", después de que este juez sevillano no ejecutara una orden de ingreso en prisión de Del Valle.
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