Las calles de Granada capital acumulan 250 toneladas de basura en la segunda jornada de huelga indefinida de los trabajadores de Inagra, la concesionaria de la limpieza viaria y la recogida de basuras, en protesta por el recorte de salarios y el empeoramiento de sus condiciones laborales.
El presidente del comité de empresa, Eduardo Aragón (CGT), ha señalado a los periodistas que el paro ha sido secundado por la totalidad de la plantilla, con pleno cumplimiento de los servicios mínimos decretados por la Junta, de un 30 por ciento excepto en la limpieza de centros sanitarios, mercados de abastos y mataderos, donde operan el 100 por cien de los servicios ordinarios.
Hasta la fecha no se ha registrado ningún incidente, aunque los trabajadores, que se han concentrado este martes a las puertas del Ayuntamiento de Granada, discrepan con el modo en que la empresa concesionaria está aplicando los servicios mínimos. Afirman que en la recogida nocturna de basuras están operando dos camiones más de lo estipulado, y han traslado su queja ante la Inspección de Trabajo, que ha citado a las partes el próximo jueves para solucionar el asunto.
Por el momento no se ha fijado ningún calendario de negociación para acabar con el conflicto, que arrancó en la noche del domingo al lunes.
Desde entonces han quedado sin recoger unas 250 toneladas de basura, toda vez que el domingo fue un día "atípico" y el lunes aún había muchos ciudadanos que estaban regresando a sus casas tras las vacaciones. No obstante, los trabajadores prevén que la huelga suponga la acumulación de 200 toneladas de residuos sólidos al día, lo que se "empezará a notar" con más intensidad a partir de este martes, al retornar los ciudadanos y establecimientos a la normalidad.
El presidente del comité de empresa también ha reclamado la intermediación del Ayuntamiento de Granada (PP) en el conflicto a fin de que aclare si es cierto, como alega la empresa concesionaria, que habrá un recorte en la aportación al servicio que debe traducirse en una reducción de la masa salarial de 3,5 millones de euros.
De hecho, los trabajadores acusan a la empresa Inagra de "buscar esta huelga", ya que "no hay ningún documento" que avale una posible rebaja en la aportación municipal al servicio, mientras que la deuda de 43 millones de euros que acumulaba el Consistorio fue saldada mediante el plan de pago a proveedores.
VERSIÓN MUNICIPAL
A posteriores preguntas de los periodistas, el alcalde de Granada, José Torres Hurtado (PP), se ha desvinculado del conflicto laboral argumentando que compete a la empresa concesionaria y a sus trabajadores y que la alteración del precio del contrato de adjudicación no tiene "por qué estar vinculado a la huelga".
El regidor ha garantizado que el consistorio está al día con sus pagos a la empresa, tras saldar las deudas pendientes, y ha instado a las partes a sentarse a negociar las nuevas condiciones laborales, al entender que "un solo día de negociación" no es suficiente para alcanzar un acuerdo.
Por último, ha advertido de que "es tiempo de reflexión y entendimiento" en relación a la actual situación de crisis.
Esta huelga se produce después de que el último encuentro entre las partes en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales (Sercla) finalizara sin avenencia, pese a que los trabajadores aceptaron una congelación salarial durante 2012, que supondría una rebaja salarial del 5 por ciento, y en 2013.
Según el responsable de la sección sindical de UGT en Inagra, la empresa reclama la ampliación de la jornada laboral a 37,5 horas, lo que supone 16 días más de trabajo al año, y la renuncia a los descansos los sábados y en periodo vacacional.
Estas y otras medidas suponen la pérdida de un 20 por ciento de los sueldos actuales, según argumentan los trabajadores, quienes defienden además el "esfuerzo" realizado en 2010, cuando se modificó el pliego de condiciones por parte del Ayuntamiento de Granada y la empresa concesionaria con una rebaja del precio del contrato del 18,55 por ciento.
Según ha añadido, en este momento la plantilla ya aceptó una reducción de salarios para evitar un Expediente de Regulación de Empleo extintivo que afectaba a 90 trabajadores.
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