El consejero de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía, Emilio de Llera, ha advertido de que la Ley de Tasas Judiciales aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy "invade" competencias de las comunidades autónomas, entre ellas de Andalucía, que "no debiera invadir", a lo que se suma que "van en contra del derecho europeo", por lo que estos serán algunos de los argumentos que la Junta exponga en el recurso contra esta Ley que elevará después de Reyes ante el Tribunal Constitucional (TC).
Emilio De Llera ha señalado en una entrevista concedida a Europa Press que las tasas "son una burrada", y ha puesto el ejemplo de un trabajador que haya sido despedido y que quiera demandar a la empresa para que este despido se declare nulo o improcedente. En este caso, "ponerle una tasa me parece un poco brutal", ha aseverado el consejero del ramo, quien también se ha referido a los divorcios, para los que también se han establecido tasas.
Al hilo de ello, ha subrayado que la Ley de Tasas, "tal y como está redactada, invade competencias de las comunidades", y ese será un argumento que la Junta expondrá en su recurso de inconstitucionalidad, a lo que se suma que la Ley "supone una cortapisa al ejercicio de un derecho consagrado constitucionalmente, como es el derecho a acceder a los tribunales".
El consejero ha explicado que el recurso ante el TC se presentará después de Navidad, y en todo caso durante el presente mes de enero "tendremos claro el proyecto de recurso". "Tenemos que darnos prisa, porque hay un plazo de tres meses marcado por Ley", ha precisado, indicando que, una vez el recurso sea redactado, tendrá que pasar varios filtros antes de ser presentado, como el Consejo Consultivo de Andalucía y la aprobación en Consejo de Gobierno.
LA LEY DE TASAS NO "DESATASCARÁ" LOS JUZGADOS
A su juicio, la Ley de Tasas no va a servir para "desatascar" los órganos judiciales andaluces, ya que "el 70 por ciento de los asuntos son penales" y en esta jurisdicción no se aplicarán dichas tasas, ya que "no se han atrevido a tanto". Estas tasas, "desde luego, pretenden recaudar", aunque "lo que me parece más doloroso es que se crea una Justicia para gente pudiente y otra para las clases medias-bajas y las trabajadoras, que son las que van a soportar el pago de las tasas".
En este punto, hay que destacar que el magistrado del Juzgado de lo Social número 1 de Benidorm (Alicante) Carlos Antonio Vegas ha firmado una declaración de intenciones en la que expresa su disposición de no aplicar las nuevas tasas judiciales, al entender que esta medida es "contraria al derecho de la Unión Europea".
Sobre este particular, Emilio de Llera ha dicho no apoyar este tipo de actitudes, pues a su juicio lo correcto es que cada juez, de forma individual, "pueda plantear" la cuestión de inconstitucionalidad, ya que "para ello tenemos los mecanismos legalmente previstos" y "la objeción de conciencia, en este caso, es absurda, porque no es jurídica aunque estéticamente queda muy bonita y democrática".
PARALIZAR EL COBRO DE LA TASA
"Una cosa es eso y otra que se plantee la cuestión y se paralice el cobro de la tasa mientras se tramita ante el TC", ha afirmado el consejero del ramo, quien ha considerado que esta Ley de Tasas "ha puesto en armas a jueces, fiscales, abogados, procuradores, asociaciones de consumidores y usuarios y sindicatos". "No sé cómo Alberto Ruiz-Gallardón ha logrado poner de acuerdo a tanta gente a la vez, pero lo cierto es que es así, que tiene a todo el mundo en contra", ha incidido.
A su juicio, las protestas de los operadores judiciales contra las tasas y el resto de medidas aprobadas por el Gobierno "son fundadas", por lo que ha asegurado que apoya que los jueces y fiscales puedan ir a la huelga en enero, pues "es un derecho fundamental que tienen todos los colectivos", precisando que "la Constitución, a diferencia de lo que se hace con las Fuerzas Armadas, no prohíbe que jueces y fiscales acudan a la huelga".
Tras señalar que "se trata de un derecho fundamental que no puede limitarse por un silencio de la Ley", Emilio de Llera ha criticado que el Gobierno central "es sordo a las voces de los operadores jurídicos; no entiendo muy bien a donde quieren ir con todas estas reformas, porque si lo que se quiere es arreglar la Justicia no se van a solucionar con reformas de este tipo, sino con inversiones y más jueces y fiscales".
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