En su escrito de acusación provisional, al que ha tenido acceso Efe, el fiscal solicita en concreto para el ex alcalde socialista y para el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, dos años de cárcel, 20 de inhabilitación para cargo público y el pago de una multa de 10.800 euros por dos delitos contra la ordenación del territorio y otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos.
Para el promotor del centro, Tomás Olivo, pide dos años y dos meses de cárcel, otros dos de inhabilitación y la misma multa por un delito contra la ordenación del territorio y otro de desobediencia grave a la autoridad, mientras que para los ocho acusados restantes -cuatro concejales, dos arquitectos, un abogado y una letrada funcionaria de la Diputación- solicita ocho años de inhabilitación.
En su escrito de acusación provisional, la Fiscalía, que denunció los hechos a raíz de una denuncia del PP, solicita igualmente el mantenimiento de la paralización de las obras del centro comercial decretada en su día hasta la celebración de juicio, excepto aquellas que pudieran ser "absolutamente necesarias" para prevenir riesgos.
Pide además que se acuerde la "absoluta prohibición" de disponer de las fincas que componen el perímetro del proyecto del centro.
La Fiscalía solicita la demolición "completa, íntegra y total" de lo construido por la "reiterada vulneración de los instrumentos de planeamiento" y la "gravísima ilicitud en que incurrieron todos los permisos y autorizaciones administrativas otorgadas".
Demolición parcial, si hay un anillo verde
Sólo como alternativa aceptaría la Fiscalía una demolición parcial que, en cualquier caso, debería orientarse a la creación de un anillo verde entre el centro y las viviendas colindantes.
Los hechos se remontan a enero de 2005, cuando el Ayuntamiento aprobó inicialmente el plan parcial en el que se ubicaría el Nevada, que contó con un informe negativo de la Consejería de Obras Públicas, pese a lo cual, el entonces edil de Urbanismo propuso llevarlo a pleno, que lo aprobó definitivamente en julio de ese año.
En la tramitación municipal del expediente de aprobación sólo constaban un informe favorable de un arquitecto externo al Ayuntamiento e imputado en la causa y dos informes jurídicos: uno de un abogado externo y otro de una funcionaria de Diputación (ambos acusados), institución de la que Cañavate era vicepresidente.
No constaban -como le requirió la Junta- informes del arquitecto ni del letrado municipales, informe este último que fue "deliberadamente sustituido" por el entonces alcalde, conocedor de que incluía apreciaciones desfavorables al proyecto.
Durante todo el proceso, el Ayuntamiento "desoyó íntegramente" los requerimientos de Obras Públicas, que apreció "graves irregularidades" relacionadas con la ubicación de espacios libres o con contradicciones entre el plan parcial y las normas subsidiarias, y ratificó el proyecto "en todos sus extremos a pesar de su indudable importancia urbanística y de su clara afectación a intereses supramunicipales de obligada observancia".
Finalmente, la Junta de Gobierno Local, integrada por Morales Cara, Cañavate, y los otros cuatro concejales acusados, aprobó la concesión de licencia de obras del centro, pese a que eran "plenamente conocedores" del informe desfavorable del arquitecto municipal y de que no constaba informe del letrado municipal.
En realidad, el informe del letrado municipal existió pero, ante sus "lapidarios términos" -cuestionaba la legalidad del proyecto-, Morales Cara y Cañavate "convinieron hacerlo desaparecer".
En cuanto al promotor del centro la Fiscalía sostiene que, tras recibir autorización judicial para retomar las obras -que fueron paralizadas y así continúan- sólo en lo relativo al aseguramiento de la estructura por seguridad, "impartió las instrucciones necesarias para proseguir normal pero ocultamente la ejecución del proyecto".
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