El imputado por el rapto y muerte de la niña de 16 de meses en Almería, Jonathan Moya, y su presunto cómplice en el crimen, Raúl R.F., permanecen en el módulo de ingresos del centro penitenciario provincial de El Acebuche a la espera de que se analice su caso para decretar la adopción de "medidas de protección" dada la "alarma social" que los hechos de los que se les acusa han generado.
Así lo han indicado a Europa Press fuentes penitenciarias, que han precisado que, "lo más probable", es que, una vez sean entrevistados por los psicólogos, los trabajadores sociales y los educadores, se les considere "internos de características especiales" y se les aplique el protocolo previsto para delitos muy graves que hayan causado "importante" alarma social.
Han detallado que, entre las medidas de protección que se van a adoptar a partir del día 2, están la de "extremar el control sobre ellos" y su traslado a un módulo con un "número de internos reducido" ya que, según han añadido, son "hechos repudiables para todo el mundo y no es posible prever la reacción de otros internos, que pueden sentirse dolidos".
"Ante hechos con este impacto social, que se produce tanto dentro como fuera de la prisión, tenemos que ir más allá por cautela pese a que, de momento, no se hayan detectado indicios que evidencien que puede producirse una agresión contra ellos", según han remarcado.
Las mismas fuentes han afirmado que, en el caso de Jonathan Moya, se ha resuelto activar el "protocolo antisuicidio" aunque en el marco del protocolo "estándar" que marca este tipo de ingresos y tras someterle, junto a Raúl R.F., al pertinente examen médico para su estancia en el módulo de ingresos, en el que el reglamento permite que puedan permanecer hasta cinco días.
La titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Almería, en funciones de guardia, decretó el sábado prisión sin fianza y comunicada para los dos detenidos por el secuestro y la muerte de la bebé de 16 meses cuyo cuerpo fue hallado sin vida este jueves en una balsa de riego en Abrucena (Almería).
El auto imputa a Jonathan M., de 25 años y autor confeso del crimen, y su amigo Raúl R.F., varón de 25 años, a quien se le atribuye haberle dado cobertura a su amigo, la comisión de presuntos delitos de asesinato y detención ilegal en el caso del primero.
Los detenidos ingresaron en el centro penitenciario almeriense de El Acebuche a las 15,40 horas del sábado si bien se negaron a prestar declaración ante la jueza tras ser trasladados hasta dependencias de la Ciudad de la Justicia.
Jonathan M.G., compañero sentimental de la madre del bebé, fue localizado y detenido el pasado jueves en una finca paterna en Abrucena tras una semana de búsqueda. Raúl R.F., de 25 años y vecino de Fiñana (Almería), fue arrestado después de la detención de su amigo por su presunta implicación en el secuestro y muerte de la bebé.
En el transcurso del interrogatorio, Jonathan confesó el crimen e indicó a los agentes de Policía Judicial que el cuerpo de la menor se encontraba en una balsa de riego, ubicada a unos 500 metros de la finca donde fue detenido, si bien no facilitó datos sobre cómo y cuándo se produjo su muerte.
El autor confeso de los hechos, por los que el Juzgado de Instrucción número 2, encargado de las diligencias del caso, decretó secreto de sumario, ya estuvo en prisión provisional en el mes de junio por la presunta comisión de hasta 12 delitos de estafa que habría cometido haciéndose pasar por agente de la Policía Nacional.
Los restos de Miriam, la bebé de 16 meses fallecida, fueron enterrados el sábado en la localidad natal de su madre y la abuela, La Palma del Condado (Huelva), en cuyo cementerio recibieron sepultura tras concluir una misa en su recuerdo en la parroquia de San Juan Bautista del municipio acompañada por centenares de vecinos.
El cuerpo sin vida de la bebé fue recuperado pasadas las 22,00 horas del jueves por buzos de la Guardia Civil del fondo de una balsa de riego y en el interior de una bolsa lastrada con piedras. Los primeros datos de la autopsia preliminar elaborada por los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) determinaron que su fallecimiento fue debido a, al menos, un "golpe en la cabeza" y descartaron en principio la muerte por ahogamiento.
El informe apuntó a que el deceso se habría producido en un periodo comprendido de "dos a cinco" atrás desde del hallazgo del cadáver por lo que se remitieron muestras hasta el Instituto Nacional de Toxicología con sede en Sevilla para realizar análisis complementarios histopatológicos que permitan dictaminar con exactitud cuándo se produjo el fallecimiento.
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