El Defensor del Pueblo andaluz, José Chamizo, ha abierto una queja de oficio para pedir a la Junta que impulse medidas de protección al derecho a la vivienda frente a los desahucios.

   En su queja, consultada por Europa Press, el Defensor recuerda que los defensores del pueblo se reunieron la semana pasada, el pasado 14 de diciembre, en Oviedo para estudiar medidas que ayuden a los afectados por procesos de desahucios y pérdida de sus viviendas con motivo de la crisis económica, un problema "de enorme calado social" que, a su juicio, "requería una respuesta específica de las instituciones de los defensores del pueblo".

   Por ello, en función de las conclusiones que se elaboraron, el Defensor del Pueblo Andaluz ha traslado a la Consejería de Fomento y Vivienda una serie de medidas propuestas, a través de una queja de oficio.

   En dicha queja detalla que el pasado 14 de diciembre se celebró la jornada de trabajo junto a los demás defensores sobre 'Las medidas para la protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda en un entorno de crisis económica', donde se llegaron a una serie de conclusiones encaminadas a "proponer medidas para la protección eficaz del derecho constitucional a la vivienda".

   Entre esas conclusiones se apunta que la actual crisis "está teniendo unos efectos muy negativos en un amplio sector de la población, que no sólo ve frustradas sus expectativas de acceder al derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, sino que también se está viendo abocado a la privación de la vivienda en la que estaban residiendo, como consecuencia del sobreendeudamiento y la consiguiente ejecución hipotecaria".

   Agregan que esta realidad "dramática", se exige y demanda, conforme al mandato de la Constitución, que "los poderes públicos aborden, con carácter urgente, las necesarias reformas normativas, que se vienen demandado desde distintas instancias públicas y privadas, asociaciones y foros, de la legislación hipotecaria, de Enjuiciamiento Civil, Concursal y del Código Civil, con objeto de garantizar, de forma efectiva, el derecho a la vivienda".

   Consideran que las distintas normas que se han aprobado con objeto de evitar o limitar los efectos de la ejecuciones hipotecarias "son insuficientes", tras lo que aluden, entre otras cuestiones, a los resultados sobre la aplicación del Código de Buenas Prácticas por parte de entidades financieras y que "son concluyentes de su escasa efectividad". En ese sentido, indican que tales normas "no contemplan la situación en que pueden encontrarse los avalistas de los créditos, y en algunos casos la deuda principal acaba extendiendo sus efectos a éstos y les conduce a la exclusión social".

   Asimismo, apuntan que "muchas personas se han visto abocadas al impago de las cuotas de los préstamos hipotecarios que suscribieron en un momento" y se alude a las "circunstancias sobrevenidas" tras la formalización del contrato de préstamo hipotecario, tales como desempleo, fallecimiento, enfermedad, separación, unidos a una "inadecuada" valoración de los inmuebles y de la solvencia de los prestatarios por parte de las entidades financieras, lo que "las convierte en corresponsables de la situación de sobreendeudamiento".

   Consideran que en el caso de las entidades financieras que hayan sido rescatadas, los defensores ven conveniente que el Gobierno articule medidas para que estas ayudas públicas "también reviertan en la ciudadanía, bien a través de una renegociación de los préstamos hipotecarios que los ciudadanos tienen con estas entidades, o bien destinando parte de los inmuebles adquiridos a viviendas sociales".

   Por tanto, las defensorías del pueblo hacen una llamada a los poderes públicos para que, "con carácter de urgencia y desde el consenso y la responsabilidad que la sociedad española está exigiendo, adopten cuantas medidas, legislativas, sociales y económicas, sean necesarias para garantizar, de manera real y efectiva, el derecho constitucional a la vivienda".
MEDIDAS

   Los defensores en ese sentido, han propuesto una serie de medidas a las administraciones, como son "ampliar los supuestos de beneficiarios de las normas que han sido aprobadas recientemente para proteger a los deudores en riesgo de ejecución hipotecaria; promover el alquiler social de las viviendas como alternativa al desahucio; o incrementar los supuestos de acogimiento a las medidas de reestructuración de las deudas hipotecarias".

   También propone "establecer los supuestos en los que se podrían acoger a la dación en pago los deudores como uno de los medios para liquidar la deuda hipotecaria; extender las medidas de protección a los locales de negocio donde se desarrolla la actividad que constituye el medio de vida del deudor; regular un sistema de reestructuración de deudas, articulando mecanismos que busquen soluciones cuando se generen, de buena fe, situaciones de sobreendeudamiento".

   Asimismo, proponen "instar a la Sareb (Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria), para que adopte las medidas necesarias para que las entidades financieras destinen todas las viviendas protegidas al fin para el que fueron construidas, previendo alternativas, incluida la expropiación, ponderando su valoración en función de su amortización, la dificultad de venta, las ayudas públicas recibidas y la valoración de su inclusión en la Sareb, valorando, asimismo, la adquisición de inmuebles de las entidades beneficiarias a los precios socialmente ponderados como alternativa a la construcción de VPO en los planes públicos de vivienda y suelo para destinarlos al alquiler social".

   Los defensores proponen además "determinar un protocolo de intervención para evitar los lanzamientos de familias y personas que puedan acogerse a los supuestos de suspensión previstos en la norma aprobada", además de "poner en marcha de forma urgente el Fondo Social de Viviendas y dotarlo de los suficientes inmuebles para dar respuesta a los adquirentes de buena fe que sean desahuciados por circunstancias sobrevenidas".

   Plantean asimismo "reformar la normativa fiscal y tributaria para evitar que los deudores de buena fe vean agravada su situación por las cargas impositivas, como el impuesto de transmisiones o de plusvalías y otros impuestos; crear o reforzar servicios públicos de asesoramiento, orientación y mediación entre entidades financieras y los propietarios que se encuentren en dificultades de pago; o sugerir el aplazamiento del pago del precio o en su caso, del alquiler, ante la entidad financiera en determinados supuestos y condiciones".

   Ante esto, el Defensor andaluz ha "sugerido" que la Consejería de Fomento y Vivienda ponga en marcha las medidas propuestas por las defensorías del pueblo estatal y autonómicas con la finalidad de que, "si total o parcialmente las comparte, impulse su puesta en marcha y ejecución, ya sea directamente en lo que sea competencia andaluza, ya proponiendo su adopción al Gobierno, a través de la Comisión Interterritorial Estado-Comunidades Autónomas".

   "El deterioro que está sufriendo la garantía efectiva de este derecho constitucional exige un esfuerzo sin precedentes, pero inaplazable, para que los poderes públicos, en el marco de un Pacto por la Vivienda, ejerzan sus competencias para la protección de este derecho", ha aseverado el Defensor andaluz.