La Consejería de Educación de la Junta de Andalucía ha confirmado este jueves a los sindicatos con presencia en la Mesa Sectorial su renuncia a seguir adelante con el actual Programa de Calidad y Mejora de los Rendimientos Escolares en los centros educativos públicos de la comunidad, que preveía incentivos de hasta 7.000 euros para los docentes, aunque permitirá que los centros adscritos al mismo y que aún no se encuentren en una fase terminal del proceso puedan finalizarlo.
El presidente de la Federación de Enseñanza de CSI-F en Andalucía, Francisco Hidalgo, ha indicado a Europa Press que la Consejería, en este sentido, ha manifestado que no se continuará con esta iniciativa en tanto que la futura orden no recogerá la posibilidad de nuevas incorporaciones o de renovaciones en el mismo, en lo que supondría una parálisis del programa en sus términos actuales.
A expensas de conocer si habrá algún tipo de plan sustitutorio, Hidalgo ha aludido a "un cúmulo de circunstancias" como posible causa de esta decisión, tales como "las expectativas por encima de realidad", las sentencias judiciales en contra del programa --la última, del Tribunal Supremo, declaraba firme su anulación, aunque la Junta ya había adaptado el programa al fallo anterior del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA)--, el hecho de que en muchos centros el profesorado "no lo haya aceptado" o la propia crisis, "aunque esperamos que el dinero que no se gaste en este concepto se reinvierta en otros como la mejora de la calidad educativa o el aumento de la plantilla".
Los sindicatos, en este sentido, han sido emplazados por Educación a una Mesa Sectorial que se celebrará a mediados del mes de enero para abordar el futuro del Plan de Calidad y analizar los términos del programa, han precisado a Europa Press fuentes de la administración autonómica.
Sobre el particular también se ha pronunciado la Federación de Enseñanza de CCOO-A, cuyo secretario general, José Blanco, ha subrayado que el hecho "no ha sorprendido al sindicato", recordando que "ese programa ya estaba muerto desde el momento que las Junta de Andalucía dejó de dotarlo de los recursos humanos y de los refuerzos educativos asociados que conllevaba su aplicación y a los que se había comprometido".
Para Blanco, es necesario negociar el procedimiento por el que este programa va a ser suprimido, "puesto que en ningún caso deben ser eliminados los derechos adquiridos del profesorado que decidió aplicarlo". No obstante, "hay que llegar más allá y cuestionar todos los programas educativos que viene aplicando la Junta de Andalucía y que suponen en muchos casos un gasto excesivo".
Así, la central sindical exige garantizar que el ahorro económico de este programa, así como de otros que viene aplicando igualmente Educación, "se dedique a la contratación de profesorado y a la ejecución de medidas que garanticen la mejora calidad de la educación". "Ya es hora de invertir estas políticas de reducción de gastos y dedicar estos recursos a la contratación de profesorado y personal de apoyo educativo complementario", ha añadido, apuntando especialmente al colectivo de interinos despedidos.