“Vete a ese colega que tú ya sabes y dile que haga dos facturas, una de un reloj de oro por valor de dos o tres mil euros y otra de unas gafas por valor de mil o dos mil euros, y ambas con fecha de hace aproximadamente un año y medio más o menos, y las presentas en el juzgado de instrucción”.
Estas palabras textuales, formuladas supuestamente por el preso que agredió supuestamente a dos funcionarios de la prisión de Botafuegos en el módulo 8 el pasado 23 de noviembre, aparecen recogidas en la comunicación conjunta remitida por el pleno de los sindicatos penitenciarios a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias en la que exigen el cese del subdirector de seguridad.
Según exponían las secciones sindicales, el interno estaría pretendiendo emitir una denuncia falsa relacionada con la desaparición de objetos de valor -de hecho, su madre presentó a este diario una denuncia en la que relataba que tras la agresión había perdido unas valiosas gafas de titanio, precisamente-.
Además, resaltan que en la posterior exploración médica efectuada al preso tras enviársele a Enfermería después del incidente, se informa “levedad” en los daños que presenta, con dos puntos de sutura en la barbilla, lejos de lo denunciado por el reo y su madre, que aseveraba que a su hijo podían haberle hecho perder la visión de un ojo.
Por contra, los funcionarios afectados tuvieron que ser atendidos en los servicios de Urgencias externos, uno por una brecha en la frente que requirió cinco puntos de sutura; el otro, con fisuras en los huesos de la nariz. Además, denuncian que al día siguiente de la agresión los funcionarios observan al preso tumbado en el suelo y gritando : “torturadores de mierda (sic), os vais a enterar cuando salga”; amenazas que repetiría al día siguiente: “Dentro de un mes estaré en la calle, gracias a mi dinero y a mi abogado, así que tener mucho cuidado que os tengo localizados”.
Exigencia
En cuanto al subdirector de Seguridad, le acusan de ordenar el ingreso del reo en la enfermería y les habría informado de que “ante una posible visita de la juez de Vigilancia, la responsabilidad sería exclusivamente de ellos”, según reza en el comunicado. Finalmente, y “ante las presiones recibidas”, los servicios médicos habrían cumplido la orden, según los sindicatos. En esa comunicación a la Secretaría General, mencionaron también el artículo de este diario sobre la denuncia de la madre del preso. La comunicación íntegra es de acceso público y está en la web nacional de uno de los sindicatos denunciantes.
