El PSOE de Andalucía ha iniciado una campaña en la que pretende elevar a los ayuntamientos y diputaciones de la comunidad una serie de mociones para exigir la "inmediata derogación" de la Ley de Tasas Judiciales, al considerarla una normativa "injusta" e "inmoral" que "obstaculiza el libre acceso de todos los ciudadanos a la Justicia en igualdad de condiciones".
Así lo ha anunciado en una nota el secretario de Política Municipal de la Comisión Ejecutiva Regional (CER) de los socialistas andaluces, Francisco Conejo, quien ha aseverado que esta ley "extiende el pago de tasas judiciales a toda la ciudadanía incrementando de manera desproporcionada" su cuantía, de manera que "gran parte de la población queda desprotegida, sin posibilidad de defender sus derechos en los tribunales simplemente porque no podrá pagar el precio impuesto por el PP".
En su opinión, la citada ley "atenta contra el derecho constitucional de todos a una tutela judicial efectiva", y conllevará que "muchos ciudadanos renunciarán a acudir y recurrir en sucesivas instancias en los juzgados porque en demasiados casos la cuantía de las tasas excede incluso a lo que se puede ganar en los tribunales".
Para sustentar estas críticas, los socialistas han dispuesto en las mociones que pretenden llevar a consistorios y diputaciones "varios ejemplos prácticos que evidencian el perverso efecto disuasorio" de esta normativa.
"EJEMPLOS PRÁCTICOS DEL PERVERSO EFECTO DISUASORIO"
Y es que, según argumentan, en aplicación de esta ley, "una multa de tráfico de 100 euros conlleva una tasa de 200 euros, y de 800 euros en segunda instancia; la demanda civil de un jubilado a un banco para recuperar unos ahorros de 100.000 euros le puede costar en tasas entre 800 y 3.800 euros, y el recurso de un trabajador en segunda instancia contra su despido le obliga a abonar una tasa de 500 euros".
Por ello, el PSOE-A respalda la decisión anunciada por el partido a nivel estatal de recurrir la normativa ante el Tribunal Constitucional (TC), así como apoyan a la Junta de Andalucía "en las acciones jurídicas que estudia emprender contra esta normativa insolidaria e implacable con los derechos ciudadanos".
Con esta medida, según Conejo, el Gobierno de Rajoy "ha logrado unanimidad en su contra", en alusión al rechazo manifestado públicamente al respecto de la misma por abogados, procuradores, jueces, magistrados y ciudadanos en general, que "han reclamado su retirada".
Pese a ello, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, "de momento no se da por aludido y prefiere hacer oídos sordos al clamor popular en contra de su última invención, que vuelve a dejar en evidencia que el objetivo primordial del PP es imponer una ideología en la que los ciudadanos no somos todos iguales, tampoco ante la Justicia", en palabras del representante socialista.
Por último, el secretario de Política Municipal del PSOE andaluz ya ha adelantado que su partido "seguirá reclamando al Gobierno de Rajoy que rectifique, entre en razón y dé marcha atrás en esta injusta subida de las tasas judiciales".
