El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha pedido este sábado al ministro de Justicia, Alberto Ruiz Gallardón, que aclare y concrete si su intención es hacer un reparto equitativo y proporcionado de la recaudación que haga el Gobierno del Estado por las nuevas tasas judiciales.
En declaraciones a Europa Press, el titular de Justicia e Interior de la Junta de Andalucía ha reclamado que el ministro explique si su intención es destinar el dinero procedente de las tasas al territorio de su competencia para financiar la asistencia jurídica gratuita o si, por el contrario, pretende ceder una parte a las comunidades autónomas que tienen competencias transferidas en materia de Justicia.
El consejero, que considera que la gestión judicial desde las comunidades autónomas "es más eficiente y beneficiosa para la ciudadanía", ha recordado que el Gobierno de la Junta de Andalucía continúa estudiando la posibilidad de presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de tasas al entender que "hay fundamentos suficientes para considerar que la norma vulnera el principio de igualdad y la garantía de la tutela judicial efectiva al limitar el acceso a este servicio público por cuestiones económicas".
De Llera ha lamentado que el Gobierno de España haya aprobado esta ley "sin el refrendo social necesario" y ha reiterado su petición para que sea derogada "cuanto antes" al contar con un rechazo unánime de todos los operadores jurídicos, grupos políticos y organizaciones sociales.
A su juicio, esta ley es "socialmente injusta y supone un ataque a las clases medias y trabajadoras de la sociedad, llevando aparejada la restricción a un derecho y poniendo en cuestión el principio de igualdad por razones económicas".
Asimismo, De Llera ha afirmado que se trata de una ley con "trabas excesivas", al establecer en su articulado el pago de unas cantidades que pueden superar las de la propia pretensión o incrementos en la cuantía que están por encima del 100%, "lo que conlleva un efecto disuasorio evidente para esos asuntos de escasa cuantía".
Por todo ello, el titular andaluz de Justicia e Interior ha subrayado que "la norma es inadecuada y no atiende a principios de proporcionalidad", además de resaltar que "no servirá, como pretende el Gobierno, para racionalizar el uso de los servicios públicos en la Administración de Justicia".
