La Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo tiene previsto iniciar en la segunda quincena de diciembre y a inicios de enero los pagos a los prejubilados por expedientes de regulación de empleo (ERE) y que se contemplan en el decreto ley 4/2012, un proceso mediante el que la Junta asume el pago directo de las ayudas sociolaborales a esos extrabajadores.
El consejero de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, Antonio Ávila, ha indicado a Europa Press, que "una vez que el decreto ya está convalidado" por el Parlamento andaluz, se empieza a dar respuesta, "aunque es una respuesta compleja, no es una única respuesta, al poseer estos diversos colectivos diferentes elementos y características".
De esta forma, ha explicado que en el caso de los prejubilados vinculados a Santana y los procedentes de la aseguradora en quiebra Apra Leven, se están formalizando los mecanismos para que puedan percibir esas ayudas, de forma que prevén que habrá disponibilidad de cantidades en la segunda quincena de diciembre.
Asimismo, Avila ha apuntado un segundo bloque, donde se incluyen los trabajadores de Astilleros de Sevilla o los ex de Delphi, entre otros, para los que la Junta prevé tener cerrado en enero el procedimiento de fiscalización y ordenados y materializados los pagos, de forma que en enero "estará cerrado y pagado". Esos casos, según ha explicado el consejero, "no es el de las rentas mensuales periódicas, como el anterior, sino el pago único a tanto alzado que había en cierta empresas cuyos trabajadores recibían apoyos sociolaborales".
"El Gobierno andaluz ha dado respuesta a estos afectados perceptores de ayudas sociolaborales, cumplió el mandato del Parlamento andaluz, manifestado por la aprobación por unanimidad de tres proposiciones no de ley en la Comisión de Hacienda y refrendada por agentes sociales, a través de una norma con rango de ley", ha aseverado Ávila, quien ha destacado la "convalidación bastante rápida" de dicha norma.
El consejero ha dejado claro que "se han identificado las empresas en el decreto ley, se establecieron los marcos de referencia en los que las ayudas tienen que estar encuadradas, en unos límites y con unos plazos".
De esta forma, resalta que "forzando la maquinaria administrativa se ha podido generar una digestión presupuestaria y de la tesorería muy significativa, en un proceso harto complicado, pues al asumir los pagos de manera directa para las nuevas ayudas se ha implementando un proceso en el que en vez de concentrar el grueso de los pagos en unas aseguradoras durante tres o cuatro años se hará digestión pausada y normal".
Ávila apunta que se trata de algo "absolutamente novedoso", pero que supone "una respuesta inteligente a un problema evidente y una dificultad que había que superar".
Para el consejero, con este tipo de normas "se puede garantizar una voluntad política para que sea lo más difícil posible saltarse la ley y los códigos", tras lo que considera que "en este momento sería impensable, con la identificación que se ha efectuado en términos de decreto ley en cuanto a que empresas sujetas a novación, bajo qué criterios y absoluta transparencia, así no se podrá plantear nada que se asemeje a lo investigado en la comisión de investigación de los ERE".
Ha reiterado que "todas las ayudas sociolaborales que había, según el decreto ley, están sujetas a novación, de forma que todas y cada una de esas personas y sus pólizas de seguro se están viendo sus características, y todos están expuestos con nombres y apellidos en el decreto ley y las condiciones que deben cumplir están en esa norma", por lo que reitera el mensaje de "absoluta transparencia y tranquilidad al ciudadano de que no existirá ninguna irregularidad".
CONTENIDO DEL DECRETO LEY
Este decreto ley supone que la administración autonómica asumirá directamente, y sin la intermediación de empresas aseguradoras, el pago de todas las ayudas sociolaborales que han sufrido demoras en su percepción, lo que afecta a 1.383 exempleados de las empresas Grupo Santana, Astilleros de Sevilla, Delphi Automotive System España y Boliden Apirsa, así como a los afectados por la liquidación de la compañía aseguradora Apra Leven, que se encargaba de gestionar las prestaciones en 18 empresas de la comunidad.
El pago directo por parte de la administración autonómica supondrá un gasto de 224,9 millones de euros (en torno a unos 14,9 millones anuales), con un ahorro de 7,5 millones de euros derivado de eliminar comisiones de intermediación de las aseguradoras.
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