La Comisión de Empleo del Congreso de los Diputados ha rechazado este jueves la Proposición no de Ley con la que el PSOE quería que se eliminase el número de peonadas para acceder al subsidio agrario ante la escasez de trabajo que la climatología de los últimos meses, con sequía primero y con graves inundaciones en algunas zonas, después, ha causado en el campo.

   El diputado socialista Antonio Pradas ha puesto de manifiesto que es "imposible" que los jornaleros puedan hacer las 35 peonadas necesarias para acceder al subsidio porque "no hay trabajo". Así, ha subrayado que "la situación es verdaderamente preocupante" y que muchos no van a poder hacer ni un solo peón, por lo que ha pedido al PP y al Gobierno que "no tenga más en vilo a los trabajadores".

   Pradas ha aprovechado su intervención para defender este tipo de subsidio de los trabajadores del campo andaluz y extremeño ya que, pese a la "mala prensa" que tiene y a que "parezca una "reivindicación de unos desarropados", ha servido para crear riqueza en los pueblos y genera menos gasto que muchos otros sistemas de subsidios.

   La iniciativa socialista fue sometida a votación con una enmienda del propio PSOE en la que se pedía esa eliminación absoluta de las peonadas, ya que la proposición inicial abogaba por una simple reducción. Sin embargo, el PSOE no admitió que se incorporara la enmienda del PP --en la que se instaba al Gobierno a modular, en función de la previsión de cosecha del Ministerio en la campaña de aceituna y frutales, las jornadas necesarias para acceder al subsidio garantizando así que ningún trabajador se vea afectado-- al no considerar suficiente la propuesta.

   Durante su intervención, el diputado sevillano también ha recordado que la iniciativa ha sido avalada con la firma de una nutrida representación de alcaldes andaluces, que esta misma semana han pedido a través del registro de la Cámara el apoyo a esta iniciativa al resto de los grupos que componen el Congreso.

A LA ESPERA DE EVALUAR LOS DAÑOS

   Por su parte, la diputada del PP Carmen Navarro ha subrayado que el Gobierno aún no puede tomar ninguna decisión en este sentido porque desconoce la magnitud de los efectos de la climatología adversa sobre el campo pero ha dicho que el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente los está analizando y adoptará medidas cuando disponga de los resultados de la evaluación

   Al respecto, ha dicho que la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es "sensible a la realidad" y "una vez constatados los efectos, tomará medidas". "El Gobierno reaccionará a la realidad, cuando se tenga la realidad certificada porque su voluntad es que los trabajadores no se vean afectados por las condiciones meteorológicas", ha dicho.

   Así las cosas, ha señalado que, por el momento, el Parlamento no puede "lanzarse al vacío mi tomar decisiones" porque aún se desconoce la magnitud y ha recalcado que es el Ministerio el que tiene que hacerlo, cuando se conozcan las conclusiones. En la misma línea, ha pedido al PSOE que no caiga en "frivolidades" en un tema " tan sensible" como este y ha dicho que "no se puede admitir el uso político de los más perjudicados".

"ARGUMENTO IRRESPONSABLE"

   Tras la intervención de la diputada 'popular', Pradas ha criticado el "argumento irresponsable" empleado por Navarro en cuanto a que los efectos de la sequía y las lluvias aún no se conocerían de forma definitiva ya que, a su juicio, el daño para los trabajadores está "perfectamente definido en tanto que una gran mayoría de ellos no ha podido conseguir el número de jornadas necesarias para acceder al subsidio".

   El socialista ha denunciado así el "cinismo" ante un hecho "tan grave" y ha lamentado que el PP pueda afirmar que "a estas alturas de la temporada agrícola aún están esperando a calcular la magnitud del daño de la magnitud". "Se trata de un ejercicio de pasividad que va a perjudicar a los trabajadores del campo", ha concluido.

   Por último, el diputado de UpyD Álvaro Anchuelo ha manifestado que su partido no es partidario de programas exclusivos para una o varias comunidades sino de la "igualdad de trato" y, tras confirmar su sensibilidad con la situación, ha abogado por el establecimiento de vías "más generales" que la planteada, como una mejora de las rentas mínimas de inserción, la mejora de políticas activas de empleo o el fortalecimiento de del Fondo de Compensación Interterritorial.