El Parlamento de Andalucía ha cerrado la comisión de investigación sobre los ERE irregulares sin un dictamen final consensuado por los tres grupos políticos (PP, PSOE e IU) al no haber sido capaces de alcanzar un acuerdo para determinar los niveles de responsabilidad política de este caso.
Así, mientras el PP eleva la responsabilidad de las irregularidades al máximo nivel, con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, y su antecesor en el cargo, Manuel Chaves, a la cabeza, el PSOE la circunscribe al ex director general de Trabajo Javier Guerrero, quien definió estas ayudas en su confesión policial como "fondo de reptiles" y que se financió en los presupuestos de la Junta de Andalucía con cargo a la partida 31 L.
IU, formación que exigió la creación de esta comisión de investigación como condición para su acuerdo de gobierno con el PSOE, se queda a medio camino al elevar la responsabilidad a los exconsejeros de Empleo Antonio Fernández y José Antonio Viera.
Ambos firmaron en el 2001 el polémico convenio marco que amparó la concesión de ayudas a afectados por expedientes de regulación de empleo y a empresas en crisis por un importe acumulado de unos mil millones de euros hasta el 2010, en las que se detectaron la presencia de beneficiarios ajenos a ellas, denominados "intrusos" y subvenciones no justificadas.
El PP considera ilegales todas estas ayudas mientras que la Junta de Andalucía sostiene que sólo han sido irregulares en un 3 por ciento de las mismas.
Así, el dictamen final de la comisión de investigación ha llegado al pleno del Parlamento "mutilado", ya que de los 196 artículos que conformaban la propuesta de síntesis presentada por el presidente de dicho órgano, Ignacio García (IU), se suprimieron 68.
IU ha presentado un voto particular al dictamen de la comisión compuesto por mas de doscientos puntos, de ellos, unas cuarenta recomendaciones, mientras que el formulado por el Grupo Popular suma 401 alegaciones, veinte de ellas, recomendaciones.
En esta comisión de investigación, la primera que se aprueba en el Parlamento de Andalucía en los últimos 17 años y que se constituyó el pasado 21 de junio, han declarado una treintena de personas, entre ellos el expresidente andaluz Manuel Chaves; su sucesor, José Antonio Griñán; media docena de exconsejeros y consejeros del Gobierno autonómico y el exinterventor general de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez.
Este último ha protagonizado una polémica al disentir de las conclusiones de la comisión, una de las cuales le recrimina no haber actuado con mayor contundencia ante las irregularidades que detectó su departamento.
Las comparecencias arrancaron el 21 de agosto, casi un mes después de lo previsto, y estuvieron rodeadas de polémica desde el principio, que afectaron incluso a aspectos como la duración, método, calendario y demanda de documentación, además de la selección de declarantes.
Paralelamente a los trabajos de esta comisión, el caso se encuentra en los tribunales donde es investigado por la titular del juzgado de instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, quien ha imputado a unas sesenta personas y ha decretado prisión para el exconsejero Antonio Fernández, el ex director general de Trabajo Francisco Javier Guerrero y el chófer de éste, aunque se encuentran en libertad bajo fianza.
Este proceso judicial comenzó tras denunciar unos empresarios sevillanos un presunto caso de extorsión protagonizado por directivos de la empresa Mercasevilla donde se detectaron los primeros casos de intrusos en uno de sus ERE.
La jueza Alaya se encuentra de baja médica desde el 12 de septiembre, prorrogada hoy veinte días más, y la investigación la prosigue el juez sustituto, Iván Escalera, quien recientemente decretó el secreto judicial tras recibir nuevas pesquisas de la Guardia Civil sobre presunto blanqueo de dinero con estas ayudas sociolaborales.
