Un total de dieciocho familias han ocupado esta tarde en Sevilla un edificio de viviendas perteneciente a una inmobiliaria con problemas financieros, durante la manifestación por el derecho a la vivienda convocada por diversas organizaciones ciudadanas.
Según un comunicado difundido por la bautizada como corrala La Ilusión, el edificio, construido en 2008, permanece vacío desde hace un año y está situado en el centro histórico de la capital andaluza, próximo a la plaza de la Alameda de Hércules.
Un portavoz de los manifestantes ha informado a Efe de que agentes de la policía nacional permanecen en el exterior del edificio, ubicado en la calle Lumbreras, aunque hasta el momento no se han producido desalojos.
Entre los ocupantes del edificio se encuentra una pareja con dos hijos menores que vivían separados en casas de familiares desde que el padre fue despedido de la construcción y fueron desahuciados por impago de su piso de alquiler.
También han decidido ocupar una de las viviendas un hombre en paro y su pareja embarazada que en los últimos meses han tenido que recurrir a los albergues municipales, así como un hombre de 40 años que tras cobrar 6 meses de desempleo dormía en un coche prestado y una pareja que desde hace 9 meses vive en una tienda de campaña, asegura el comunicado.
La manifestación partió a las 17.00 horas desde la sede del Parlamento de Andalucía y ha culminado en la Plaza de la Encarnación.
Con esta movilización se ha puesto fin a la Jornada Andaluza por el Derecho a la Vivienda, promovida por la Intercomisión de Vivienda 15M Sevilla, en la que por primera vez se han unido distintos colectivos de toda Andalucía, entre ellos la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, Stop Desahucios y la Asamblea por una Vivienda Digna en Andalucía.
La corrala La Ilusión se suma a la de La Utopía, donde desde hace seis meses se alojan 36 familias sin recursos, y en la que las negociaciones mantenidas ayer entre los vecinos, Ibercaja, la Junta y el Defensor del Pueblo concluyeron con el acuerdo de abrir un plazo de tres meses para buscar soluciones y durante el cual no habrá desahucios.
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