El consejero de Justicia e Interior, Emilio de Llera, ha advertido este sábado de que la Ley de tasas impulsada por el Gobierno central, que ha calificado como un "engendro judicial", va a perjudicar a una franja de ciudadanos que "difícilmente van a poder soportar" el pago de las mismas.
En declaraciones a los periodistas tras una reunión con los responsables del turno de oficio de violencia de género de Sevilla, el consejero ha manifestado que dicha ley "no debió salir nunca" porque va "contra el derecho fundamental de tutela judicial efectiva", por lo que defiende que "lo más sensato" sería derogarla.
Así, ha indicado que es "mentira" que la ley no perjudique a aquellos ciudadanos con menos recursos que se benefician de la asistencia jurídica gratuita, ya que ha asegurado que hay una franja de personas por encima de éstos que "difícilmente van a poder soportar esas tasas".
Asimismo, se ha referido a lo "indignante" que resulta el hecho de recurrir una sanción administrativa de 200 euros "cueste 200 euros", así como que las exclusiones contempladas en la normativa son "relativas", poniendo como ejemplo que si una mujer maltratada pide la separación de su marido con una división del patrimonio, "la tasa va a entrar a jugar por el valor del mismo".
Del mismo modo, en referencia a las protestas protagonizadas por el sector judicial en la jornada de este viernes, ha manifestado que "los jueces y fiscales se están quejando con toda la razón", lamentando que se quiera "desmontar" el poder judicial y "someter a la obediencia del Gobierno" a los profesionales de la Justicia, los cuales ya están soportando según el consejero "una carga de trabajo muy por encima de los módulos establecidos" y a los que se les están "restringiendo sus derechos" en materia económica y social.
El decano del Colegio de Abogados de Sevilla, José Joaquín Gallardo, también ha mostrado su repulsa ante esta ley, señalando el "clamor unánime de la sociedad española y de todos los que intervienen en la maquinaria judicial" en contra de la misma.
En este sentido, ha pedido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, que "articule los medios pertinentes para que podamos sustituir esta ley en vigor por otra", señalando que "si es menester aplicar tasas en la Justicia, podremos hablarlo y racionalizarlo", pero que esta ley tal y como ha sido presentada debe ser "rectificada antes de que sea tarde".
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