Una magistrada de Primera Instancia de El Ejido (Almería) ha acordado suspender todos los procedimientos de ejecución hipotecaria que se siguen en su juzgado y ha dictado un auto en el que fundamenta su decisión en la cuestión prejudicial planteada al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona.
La resolución, a la que tuvo acceso Europa Press, recoge que "ante las dudas en relación a la compatibilidad" del procedimiento de ejecución hipotecaria con la directiva europea que rige sobre las cláusulas abusivas de los contratos celebrados con consumidores, procede la suspensión del trámite hasta que recaiga resolución por parte de la Justicia de la UE.
La titular del Juzgado de Primera Instancia número 5 de El Ejido, Ana Fariñas, resalta en el fundamento tercero del auto existen "dudas más que evidentes" sobre dicha compatibilidad según se desprende de las conclusiones emitidas por la Abogada General en el proceso que se sigue ante el TJUE.
Rechaza, sin embargo, pedir al tribunal europeo que se pronuncie con carácter prejudicial sobre tal cuestiónde acuerdo al artículo 267 de Tratado de Funcionamiento de la UE "pese a estar facultada para ello" para, según añade, evitar las dilaciones que provocaría en el proceso ya iniciado el planteamiento de una nueva cuestión "con el mismo objeto".
El auto dictado por el órgano judicial que preside Fariñas, que publica este jueves el diario 'La Voz de Almería', deriva de la vía legal abierta por el Juzgado de lo Mercantil número 3 de Barcelona a raíz del caso de un vecino de Martorell.
El titular paró su desalojo para consultar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la posible indefensión de los consumidores frente a la aplicación de "cláusulas abusivas" en los préstamos hipotecarios. La Abogado General de TJUE, Juliane Kokott, consideró en sus conclusiones de 8 de noviembre que pagar intereses de demora del 18,75 por ciento era un ejemplo de esta irregularidad.
Esta vía aparece citada, asimismo, en escrito que El Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) ha puesto a disposición de todos los ciudadanos afectados por ejecuciones hipotecarias y a las asociaciones de consumidores para pedir la paralización de la ejecución hipotecaria.
La paralización se fundamenta en el artículo 43.1 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que establece que el tribunal podrá decretar -a petición de una de las partes- la suspensión del desahucio "hasta que finalice el proceso que tenga por objeto la cuestión prejudicial", en este caso ante la Justicia de la UE. Asimismo, en el escrito de la Abogacía se solicita al juez, como medida subsidiaria, que proceda de oficio a plantear cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de Luxemburgo.
JUEZ DECANO
En declaraciones a Europa Press, el juez decano de Almería, el magistrado Luis Columna, ha trasladado tener conocimiento "informal" de que algunos magistrados de Primera Instancia de la provincia están "reflexionando" y "revisando criterios" a raíz del decreto ley aprobado por el Gobierno para frenar los desahucios en determinadas circunstancias y que está previsto se convalide el día 29 por el pleno de la Cámara.
Ha advertido, no obstante, de que la situación no ha sido abordada en Junta de Jueces y que, por tanto, la actuación "queda dentro de su potestad jurisdiccional de acuerdo a cada caso". "Sé que algunos jueces están revisando y, en algunos casos, paralizando", ha añadido.
