El portavoz del grupo parlamentario de IULV-CA, José Antonio Castro, ha remitido este lunes al resto de grupos que componen la Cámara, PP-A y PSOE-A, una propuesta de declaración institucional en contra de los desahucios para su posible aprobación en el próximo Pleno del Parlamento, que se celebrará esta semana, los días 15 y 16.
En el documento, al que ha tenido acceso Europa Press, IULV-CA propone que el Parlamento muestre su compromiso con el apoyo e impulso de cuantas iniciativas sean necesarias para evitar "de manera urgente" la pérdida del derecho a la vivienda, mediante la "paralización inmediata" de los procedimientos de desahucio en curso y futuros, la reconversión de las hipotecas en alquiler social y la dación en pago.
De igual modo, propone que la Cámara exprese su compromiso con la defensa de los derechos de los andaluces, la protección social y la defensa del Estado de Bienestar, mostrándose convencida de la necesidad de abordar tantas modificaciones normativas como fuesen necesarias "para, incluso yendo más allá de la dación en pago, garantizar de manera efectiva el derecho a la vivienda de los andaluces, y todo ello en nuestro empeño por la justicia como valor superior que propugna el Estatuto de Autonomía para Andalucía".
En el texto de la declaración se apunta que la crisis económica mundial surgida en el año 2008 ha tenido entre una de sus peores consecuencias, la destrucción de un gran número de empleos y que esta situación, agravada por la explosión de la burbuja inmobiliaria, es "especialmente problemática" en Andalucía, dada su elevada tasa de desempleo.
"Ello ha provocado que numerosas familias no puedan atender el cumplimiento de las obligaciones derivadas de los prestamos o créditos hipotecarios celebrados para adquirir su vivienda, siendo doblemente castigadas por dicha crisis financiera, al perder no solo sus empleos sino también sus casas", se precisa.
Asimismo, se expone que el drama de los "desahucios masivos" es una de las "más sangrantes consecuencias" de una crisis que pone en cuestión un derecho fundamental constitucional y estatutariamente consagrado, como es el de la vivienda. También se indica que, a su vez, la ausencia de residencia conlleva la pérdida de otros derechos e impide a las personas afectadas realizarse tanto profesional como familiarmente, y en muchos casos las condena a la exclusión y marginación social y económica.
De igual modo, se destaca que la ejecución hipotecaria por impago del crédito provoca la pérdida de la vivienda habitual y además una "cadena perpetua hipotecaria", toda vez que una parte de la deuda se mantiene incrementada por cuantiosos gastos judiciales y honorarios profesionales, embargándose bienes e ingresos futuros hasta saldar la totalidad de la deuda. Además, dicho procedimiento de ejecución no garantiza una protección eficaz de los consumidores frente a posibles cláusulas contractuales abusivas en las hipotecas.
MÁS DE 68.000 DESAHUCIOS EN ANDALUCÍA, ENTRE 2007 Y 2011
Tras recordar que el propio Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha puesto de manifiesto que la regulación procesal de nuestro país en esta materia es incompatible con la directiva europea contra las cláusulas abusivas, en dicha propuesta de declaración también se subraya que Andalucía es la comunidad que se sitúa en la cabecera de desahucios en viviendas libres, con 68.053 ejecuciones hipotecarias entre 2007 y 2011, de las más de 350.000 ejecuciones hipotecarias en toda España.
"Pero estas cifras no paran de subir: en los seis primeros meses de este año la cifra de desalojos forzosos de viviendas y locales por orden judicial se ha disparado hasta los 94.502, correspondiendo a Andalucía 11.256. A su vez, paradójicamente, muchos miles de viviendas permanecen vacías por unas u otras razones", concluye el texto elaborado por IULV-CA.
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