Duro batacazo para la política de Personal del equipo de Gobierno municipal de Marbella, al conocerse la resolución judicial por la que se anula la convocatoria de Mesa General de Negociación única y quedan sin efecto todos los acuerdos alcanzados por ésta desde septiembre de 2011, entre los que está el Plan de Ajuste económico en el que se basó la concesión del crédito de 12 millones para pagar a proveedores, y los recortes e incrementos de jornada laboral de Policía Local, Bomberos y Residuos Sólidos Urbanos.
La decisión judicial responde a las medidas legales tomadas por el sindicato Unión de Empleados Públicos de la Administración Local UEPAL, tras no permitírsele a ellos y otras cuatro formaciones, la participación en ese foro de discusión, donde se decidían cuestiones cruciales para el futuro del colectivo de trabajadores, hace algo más de un año.
Además de las medidas que tienen relación con el día a día de la plantilla municipal, esta mesa de negociación, ahora anulada, abrió seis expedientes disciplinarios contra delegados sindicales, por los altercados con la Policía y el delegado de Personal, Carlos Rubio, cuando se les impidió el acceso a un Pleno en junio del presente año, en el que se discutían recortes a trabajadores. También esos expedientes, que desembocaron en suspensiones de empleo y sueldo, han sido anulados.
A este respecto, el portavoz municipal del PSOE, José Bernal, ha señalado que “la alcaldesa y Carlos Rubio han provocado esta situación porque se han empeñado en que prevalezca la fuerza, en vez del diálogo”. Considera igualmente el edil de la oposición que “es fácil jugar hacer esto cuando después, los gastos judiciales se van a pagar con dinero público”.
Y es que Bernal entiende que el responsable de Hacienda y Personal y la regidora “sabían lo que iba a pasar, y siguieron adelante ignorando a estos sindicatos. Ahora van a recurrir y también vamos a pagarlo los ciudadanos de Marbella”. En este sentido, el portavoz socialista ha recordado los dos millones de euros que recogen los presupuestos municipales, que se destinan a asesoramiento jurídico, y el más de un millón de otra partida que se ha aprobado recientemente para contratar asesoramiento, ante el aluvión de procesos judiciales abiertos que tiene pendiente el Ayuntamiento, por denuncias de trabajadores, a raíz de los últimos recortes.
Pese a la envergadura de lo ocurrido, que deja sin efecto casi año y medio de su trabajo al frente del Área de Personal, el delegado municipal Carlos Rubio, se ha limitado a responder en un escueto comunicado que con estas afirmaciones, “el PSOE sólo pretende crear alarma entre los trabajadores municipales” y ha anunciado que, aunque acata la sentencia, no comparte el criterio expuesto en la misma, por lo que el Ayuntamiento la va a recurrir.
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